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Los fiscales Liliana Alcaraz y Diego Zilbervarg solicitaron desestimar la denuncia contra Miguel Ángel Iturburo, exjefe de Control de Calidad de la Justicia Electoral que fue grabado en una comunicación telefónica ofreciendo la carga de votos al TREP a cambio de dinero.
La decisión ahora está en manos de la jueza penal de garantías Lici Sánchez, que debe resolver si da trámite de oposición o archiva la causa.
En total, fueron dos denuncias contra Iturburo, que fue destituido en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, tras este escándalo de filtración de audios por ABC Cardinal. En los diálogos, el alto funcionario negociaba cambiar las cargas de actas electorales, en las elecciones generales de abril del año pasado.
Los denunciantes fueron Liliana Boccia, apoderada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y Luis Fernando Cabrera, director jurídico del TSJE.
Los fiscales refieren que básicamente “carecen de suficientes indicios fácticos” para atribuir a Iturburo hechos punibles de fraude electoral y alteración de datos electrónicos.
Se menciona que el funcionario “no tenía facultad discrecional de influir en la carga de datos ya que el sistema TREP no permite a ningún funcionario del área de verificación y digitación, identificar a qué lista corresponden los valores trascriptos”.
El audio
En el polémico audio filtrado por ABC Cardinal, Iturburo decía: “Yo te voy a replantear tu pregunta: si te faltan 200 o 300 votos, yo te doy. Así te digo, ¿entendés? ¿Ya entendés lo que quiero decirte? Ahí sí te doy como sea y te voy a decir cuánto y te voy a cobrar también, no me importa ya ahí; pero si te faltan 5.000 votos, no puedo”. A su vez, indicó a su interlocutor que benefició al imputado exsenador Jorge Oviedo Matto (Unace) y a la senadora Lilian Samaniego (ANR, excartista).
La camioneta
Inclusive, Iturburo mencionó en el audio de que Jorge Oviedo Matto le transfirió una camioneta. Esto último efectivamente fue comprobado con el testimonio del dueño de un taller de vehículos que indicó que Iturburo ingresó una camioneta Changang con la calcomanía “Lino O.”. Iturburo dijo ser el dueño y señaló que quería ponerlo a punto para venderlo, pero ya no retiró el rodado porque no abonó las reparaciones.
Esto no fue indicio suficiente del negociado de votos con Oviedo Matto.
Testimoniales
Las testimoniales de los propios funcionarios de la Justicia sí sirvieron para concluir que Iturburo no pudo “cargar datos de los resultados del TREP”.
En ese sentido, se tuvo la declaración de Fausto Von Strever (superior inmediato), quien indicó que Iturburo fue designado entre los 511 funcionarios para el TREP como supervisor del Área de Verificación, pero “no para la carga de ningún dato de los resultados del TREP”.
Dijo que su trabajo específico está relacionado con la verificación de las boletas de inscripciones en el Registro Cívico Permanente.
También declaró Jacobo Duarte, del área informática del TSJE, y dijo que Iturburo no estuvo involucrado en la carga de certificados del TREP, “ni lo relativo a actas, cómputo provisorio o definitivo”.
Desestimación para García
La fiscala Liliana Alcaraz pidió la desestimación de la denuncia contra el contralor general Enrique García, por la contratación de una consultora externa ligada a su jefa de gabinete.
La investigadora no encontró indicios suficientes para imputar a García en la causa que se abrió porque salió a la luz que en julio del 2017, el contralor adjudicó en forma directa a la Consultora CAE Asociados la elaboración de un manual de funciones. Esto tuvo un costo de G. 108.000.000. Se corroboró que la empresa pertenece al exesposo de Norma Martínez Irigoitia. Además, de que la mujer no obtenía supuestamente dividendos de la firma. También que no hubo perjuicio porque el trabajo (un Manual de Funciones de la Dirección General de Gabinete) se entregó.
Asimismo, la fiscala descartó el mal uso de viáticos de G. 113 millones que utilizó García y comitiva en un congreso en Madrid, España, que fue entre el 14 y 17 de noviembre de 2017. La CGR cubrió del 12 al 19 de noviembre, porque supuestamente el contralor tuvo “otras reuniones”.
Un juicio, 25 jueces inhibidos
El juicio oral y público de la exdefensora pública general Noyme Yore no se puede realizar desde mayo del año pasado y recibe mucha ayuda de los jueces de sentencia, debido a que suman 25 los que se inhibieron con excusas como “amistad” y “sobrecarga de trabajo”.
Hay catorce jueces que se inhibieron alegando sobrecarga de trabajo, algo que la auditoría de la Corte ya determinó que no es causal. Solo aceptaron intervenir Juan Carlos Zárate (presidente) y Cynthia Lovera (miembro), por lo que falta un titular y un suplente. El último en apartarse fue Elio Rubén Ovelar, quien interina uno de los juzgados de garantías. Por la cadena de inhibiciones, ya no hay jueces de sentencia para integrar el colegiado.
Mientras tanto la causa por usurpación de funciones públicas, por nombrar defensores a abogados, podría prescribir el mes que viene según el cómputo del Ministerio Público. Esto es así porque la defensa puede utilizar a su favor que las dilaciones no son adjudicables a la exdefensora, sino a la dilación judicial.
griselda@abc.com.py