Gabriel Fabio Gaona Aquino, Pedro Guillén Tellechea, Diego Manuel Bordón del Puerto, Jorge Andrés Gallo Mendoza, Silvia Antonia Cristaldo, Antonio Federico Soler Arriola y Víctor Daniel Soler Arriola, habían sido acusados en diciembre de 2014 por la fiscala Lorena Ledesma, ante la recusación presentada contra su colega Irma Llano, quien inició el proceso.
En el expediente se presentó una serie de incidentes dilatorios, para trabar el avance de investigaciones, como recusaciones contra fiscales y jueces. Finalmente, el cargo quedó a cargo del juez José Delmás, que tampoco puede hacer la audiencia ante las presuntas chicanas.
La defensa técnica de los acusados Idelfonso Cañete y Elva Cristaldo, abogados Martín Mendaro Arias y Ernesto Mendaro y Martín Mendaro Arias (actual funcionario de Tribunal Superior de Justicia Electoral), según un informe del Ministerio Público, son los que más incidentes promovieron. Primero le recusaron a la fiscala Llano, hoy confirmada en la causa por la Corte; luego apartaron del proceso a los fiscales Ariel Martínez, Estefanía González y Lorena Ledesma. La última recusada fue la jueza Lici Sánchez, tras fijar fecha de audiencia preliminar.
El Ministerio Público tiene la seguridad de que los hoy acusados han producido un perjuicio patrimonial al Estado de G. 51.446.179.492.
La Fiscalía sostiene que los funcionarios de Hacienda (que son objeto de investigación) han manipulado el sistema Marangatu para que los contribuyentes (víctimas) puedan ver desde sus respectivos usuarios informáticos la disponibilidad de los créditos fiscales que en realidad eran inexistentes.
Para realizar la venta de créditos fiscales se crearon las firmas ODV Ingenier Mecatronic Server SRL, Doris SA y DNV SRL.
El acusado Gallo Mendoza se presentó y actuó como intermediario para las negociaciones de transferencias y ventas de los créditos fiscales por parte de OVD a la Cooperativa Colonias Unidas por 13.265.000.000 guaraníes, abonando esta el 90% del valor de los créditos fiscales.
Igualmente, la empresa Doris SA vendió a la Cooperativa Colonias Unidas créditos fiscales por G. 16.334.473.500, abonando esta el 90% de los créditos fiscales; y por su parte la firma DNV SRL vendió a la empresa Cervepar por 14.000.000.000 de guaraníes, abonando el 92% de su valor (aunque los dos cheques que emitió la cervecería no llegaron a efectivizarse). El perjuicio total a la cooperativa sería de unos G. 27.079.833.502, según la acusación.
También aparecen como víctimas de la estafa las empresas Chacomer, por unos G. 1.652.035.608; Alas SA por unos G. 200.000.000, y Atlantis SAECA por unos G. 500.000.000.
Valentín Antonio Acosta Araújo, siendo socio y representante legal de ODV Ingenier Mecanotric Server, fue beneficiado con crédito fiscal de G. 13.265.078.907, de manera fraudulenta, procediendo a vender el crédito fiscal a la Cooperativa Colonias Unidas ocasionando un perjuicio patrimonial al Estado y a la mencionada cooperativa.
Silvia Antonia Cristaldo, siendo socia y representante de DNV SRL, fue beneficiada con un crédito fiscal de G. 14.000.000.000.
Diego Manuel Del Puerto Bordón, siendo propietario de la firma Doris SA, fue beneficiado con un crédito fiscal fraudulento de G. 16.334.473.585.
Jorge Andrés Gallo Mendoza ofreció y participó en la gestión del proceso de venta de los créditos fiscales fraudulentos con relación a las firmas ODV SRL, Doris SRL, y D.N.V. SRL, su posterior venta a la de Cooperativa Colonias Unidas Agropecuaria Industrial Limitada y Cervecería Paraguaya SA Cervepar.
Los supuestos propietarios de estas empresas de maletín, una vez creados los créditos fiscales fraudulentos, a través de sus representantes procedieron a la venta, causando un perjuicio patrimonial al estado y a la Cooperativa Colonias Unidas.
Víctor Daniel Soler Arriola y Antonio Federico Soler Arriola están vinculados a la firma D.N.V. SRL y participaron en el proceso de venta de los créditos fiscales obtenidos de forma fraudulenta por la firma DNV SRL a Cervecería Paraguaya.
Idelfonso Simón Cañete con Elba Ignacia Cristaldo González, como representantes de la empresa ODV SRL, obtuvieron la generación de crédito fiscal fraudulento por la suma de G. 13.265.078.907. Firmaron un supuesto contrato comercial con Gallo Mendoza, iniciando de tal forma el grupo operativo para realizar las ventas de los créditos de origen fraudulentos. Asimismo, la Elva Cristaldo se presentaba ante la Cooperativa Colonias Unidas como contadora, sin serlo.
A través de este mecanismo descripto se determinó que estas personas están vinculadas entre sí y procedieron a vender los créditos fiscales fraudulentos a la cooperativa Colonias Unidas por la suma de G. 16.334.473.585 y G. 13.265.000.000, según la acusación del Ministerio Público.
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