El fin de un “reinado feliz”

El senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, intendenta renunciante de Ciudad del Este, dejaron de ser protegidos. Soportan ahora imputación por no declarar todos los bienes que poseen, además que la ex jefa comunal tiene otra causa por lesión de confianza. El parlamentario es considerado funcionario comunal “ad honoren” desde 2008 y se pidió la reapertura de su causa de enriquecimiento.

El reinado del matrimonio integrado por el senador Javier Zacarías y su esposa Sandra McLeod llegó a su fin luego de años de que la justicia archivara causas en su contra.

Los fiscales de Delitos Económicos René Fernández, Josefina Aghemo y Luis Said presentaron dos imputaciones y un pedido de reapertura que podría traer aparejada la cárcel al tratarse de un caso de presunto enriquecimiento ilícito en la función pública.

En la causa de declaración falsa, los fiscales dejaron al descubierto la estrategia de la pareja de ir rectificando sus declaraciones juradas a la par que una investigación de ABC Color revelaba compras de tres departamentos en Brasil, un avión de US$ 170.000, apertura de empresas con millonarios aportes, y la ostentosa vida de los hijos del matrimonio.

En total, el matrimonio posee inmuebles valuados en unos US$ 3.000.000 y adquiridos a lo largo de los 17 años que se mantuvieron en el poder.

Asimismo, los fiscales pidieron al juez Gustavo Amarilla la reapertura de una causa desestimada el año pasado a pedido de la fiscala Yolanda Portillo, sobre supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal, entre otros delitos. El magistrado se inhibió por preopinión.

Los fiscales indican que la investigación contra Javier Zacarías debe ser reabierta por encontrarse circunstancias nuevas como el manejo de elevadas sumas de dinero en efectivo, la existencia de gastos que superarían los ingresos declarados por parte del legislador, además del gran aporte de capitel realizado por éste a la empresa Gestiones del Este SA que no reflejaría utilidades significativas al negocio, y el desempeño de una función pública del mismo como asesor ad honorem de la intendencia municipal de Ciudad del Este.

Primeramente, el legislador declaró a la Contraloría en concepto de dinero en efectivo nada menos que G. 5.994.737.745, posteriormente rectificó esa suma y quedó en G. 4.543.946.054, pero llama la atención el monto tan elevado fuera del sistema financiero.

Asimismo, se indica que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) informó que el legislador se desempeñó como director titular y accionista de Gestiones del Este que contaba con un capital de G. 2.000.000.000, que luego aumentó a G. 10.000.000.000.

“Año tras año fueron incrementando los ingresos por ventas de servicio, lo que implicaría que la empresa tenía gran demanda de créditos ofrecidos, sin embargo, el cuadro de disponibilidades disminuía, lo cual indicaría el flujo lento de retorno de dinero que no se correspondería con el aumento de capital”, se desprende del pedido de reapertura de la causa.

También, los fiscales refieren que Javier Zacarías extendió una tarjeta de crédito a su hijo Ernesto Zacarías McLeod con una línea de crédito de G. 250.000.000 y de acuerdo a los extractos del Banco Continental los pagos eran en caja, o sea, en efectivo y por sumas elevadas en centros comerciales ubicados en Nueva York, Washington y otras ciudades del exterior. “De ello se tiene el alto nivel de gastos y capacidad de pago, que evidencia el movimiento de elevadas sumas en efectivo cuyo origen sería ilícito”, dicen lo fiscales para sustentar el pedido de reapertura de la causa.

Funcionario público

Otra razón por lo que se pide la reapertura de la es porque Javier Zacarías Irún en realidad nunca dejó de ser funcionario público. Tras su renuncia a la intendencia de Ciudad del Este, fue nombrado por su esposa Sandra McLeod como asesor externo ad honorem el 1 de diciembre de 2008. Esa resolución se ratificó el 8 de agosto de 2011 y nunca se dejó sin efecto. Por este motivo, el Ministerio Público lo considera funcionario comunal.

La desestimación del año pasado justamente le benefició por la prescripción, ya que la comuna esteña mintió al decir que no era funcionario.

Lesión de Sandra

Sandra McLeod habría ocasionado un perjuicio patrimonial de más de G. 2.174 millones entre el 2014 y 2018 a la Municipalidad de Ciudad del Este por contratos de publicidad y propaganda con la empresa Frontera Producciones, vinculada a sus leales.

La imputación también alcanza al sucesor de McLeod en la intendencia, su amigo Alberto Rodríguez. A su vez, se incluyó al exjefe de prensa de la Municipalidad, Juan Domingo Sanabria; el director administrativo, David Espínola, y la funcionaria Dora Elsi Rojas, cuñada de Sanabria. Asimismo, a Carlos Bordón Bottino (de Frontera Producciones); Gustavo Rojas Espínola, responsable de Terre Producciones y funcionario contratado de la Comuna; Lucía Rojas Espínola, de la empresa Negocios & Marketing; y Olga Beatriz Rojas, de La Prensa, esposa de Juan Sanabria.

Las chicanas fueron activadas

El senador colorado Javier Zacarías Irún intentó evitar la comunicación de la apertura de la causa de declaración falsa y el pedido de desafuero al Congreso Nacional.

Sin embargo, el juez Gustavo Amarilla llegó a comunicar antes sobre la causa, por lo que no surtió efecto.

Además, el magistrado rechazó una reposición con apelación en subsidio planteada por el abogado defensor Ricardo Preda.

Sin embargo, el escrito es con apelación en subsidio, por lo que el expediente será enviado a la Cámara de Apelaciones.

Sandra, con dos citaciones

La intendenta renunciante Sandra McLeod tiene dos convocatorias a audiencias de medidas. Mañana debe presentarse ante la jueza Fátima Burró, de Ciudad del Este, en el caso de lesión de confianza, y el 14 de febrero ante el juez Gustavo Amarilla, en Asunción, por declaración falsa.

Pactos y conflictos en la Comuna del Este

La Municipalidad de Ciudad del Este está ardiendo entre pactos, alianzas, conflictos y toma del recinto de sesión. Por un lado, cinco disidentes se niegan a aceptar la segunda renuncia de Sandra McLeod, que fue presentada el mismo día que resultó imputada por lesión de confianza y declaración falsa.

Por otro lado, el bloque que responde a la jefa comunal renunciante quiere aceptar la renuncia para evitar una eventual destitución por la Cámara de Diputados tras la intervención por parte de Carolina Llanes.

El resultado del trabajo de la interventora culminó el viernes pasado.

La segunda renuncia de McLeod generó el gran conflicto en la Junta Municipal, ya que la mayoría opositora se quebró: al bando zacariista pasaron Celso “Kelembu” Miranda junto al liberal Javier Bernal. Así, la mayoría de siete opositores pasaron a ser minoría, con solo cinco ediles que hacen resistencia al clan Zacarías Irún.

Los opositores Herminio Corvalán, presidente de la Junta, y Miguel Prieto tomaron el recinto de debate para evitar que se realizara la sesión en que los hoy oficialistas iban a aceptar la renuncia de McLeod.

El verdadero trasfondo es quién se hace con la intendencia, porque si el documento se acepta, el nuevo jefe comunal se elegirá de entre los concejales zacariistas; si no, habrá nuevas elecciones.

En manos de juez está que se reabra la causa

El juez Gustavo Amarilla Arnica admitió la imputación por declaración jurada falsa contra Sandra McLeod, y la convocó para el 14 de febrero, “día de los enamorados”, para su audiencia de imposición de medidas.

Sin embargo, el magistrado se inhibió del pedido de reapertura contra Javier Zacarías Irún por su caso de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.

Amarilla alegó que ya preopinó al momento de desestimar la causa a pedido de la fiscala Yolanda Portillo, en mayo del año pasado. El juez, antes de archivar, le dio dos veces trámite de oposición. La desestimación corrió porque la adjunta Alba Rocío Cantero ratificó la decisión.

Ahora, la reapertura del proceso que podría meter tras las rejas al senador cartista está en manos del juez Miguel Tadeo Fernández, quien resultó sorteado tras la inhibición de su colega.

La Fiscalía insiste en que hay hechos nuevos y la normativa prevé la reapertura de esta forma.

griselda@abc.com.py

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