Celso Benítez Villagra y Mariza Raquel Benítez Cabrera denunciaron ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía, un supuesto hecho de estafa.
Benítez explicó que a mediados de julio pasado, conoció a una persona que prometía trabajo a los interesados. Identificó a la misma como Benita de León, conocida contadora de la ciudad de Concepción, quien hizo la propuesta y le pidió G. 4.500.000 a cambio de conseguirle un rubro en la ANDE.
La víctima aceptó la propuesta y le entregó el dinero a Benita, quien le aseguró que en 15 días iniciará los trámites para su nombramiento.
Benítez apuntó que unos quince días después recibió la llamada de una mujer que se identificó como Claudia Sanabria, ingeniera de la ANDE. Le pidió que consiga otras personas interesadas en trabajar en la ANDE porque había más cargos.
La víctima captó a 57 personas, que en su mayoría pagaron la suma de G. 4.500.000. La totalidad del dinero fue remesado a través de cambios Chaco y Wester Unión a nombre de Benigno Martínez, Dunia Liz Rivero (esposa de Martínez) y Claudia Núñez Ocampos.
Benítez Villagra por su parte relató que recibió la propuesta de su sobrina Raquel Benítez, para ser recategorizado como funcionario del Registro Civil de Pedro Juan Caballero y que debía captar a otras personas interesadas en conseguir un cargo en una institución pública. La plata tenía que enviar a Claudia Sanabria o Benita León.
El denunciante apuntó que captó el dinero de 132 personas, quienes pagaron entre G. 6.000.000 y 10.000.000. Los envíos de dinero se hicieron a través de Giros Tigo y Cambios Chaco, a los mismos números que envió su sobrina. También a nombre de Benigno Martínez.
Los denunciantes dijeron que el perjuicio patrimonial trepa entre los G. 900 y 1.000.000 millones.
Con base en la denuncia, la fiscalía montó un operativo fiscal-policial con la colaboración de Cambios Chaco.
Así, Benigno Martínez le solicitó al denunciante Celso Benítez, por medio de mensaje de texto, que haga un depósito a su nombre en una de las sucursales de la referida casa de cambio.
De esta manera, Benítez depositó G. 12 millones en la sucursal de Cambios Chaco, ubicada sobre la calle Palma.
La fiscalía por medio del oficio 403 del 15 de diciembre de 2014, dirigido al presidente de Cambios Chaco, que de forma inmediata y urgente, informe cuando Martínez o cualquier otra persona, se presente para retirar el depósito.
El denunciante, a través de un mensaje de texto, avisó a Martínez que ya depositó los G. 12 millones. Es así que Martínez se presentó en la sucursal de Cambios Chaco, ubicada en San Lorenzo, para retirar el dinero que le envió Benítez.
Martínez fuer aprehendido por la Policía Nacional, quien ya se encontraba vigilando en la zona. Luego, con la ayuda de Martínez fueron detenidas Elsa Concepción Chávez Centurión y Catalina Román Acosta.
La fiscalía incautó evidencias, tanto del vehículo de Martínez, quien es de profesión taxista, y de una camioneta de Chávez Centurión.
En su imputación, Cabrera asegura que existen suficientes elementos de sospecha contra Benigno Martínez, Concepción Chávez y Catalina Román Acosta.
Las sospechas
Según fuentes cercanas a la investigación, Chávez había contactado con Martínez, porque en varias ocasiones le pidió el servicio de taxi. Cuando fue ganando la confianza del mismo, le pidió que podía ir a retirar dinero que le enviaban las personas a quienes había prestado un suma de dinero.
Luego, Chávez le preguntó a Martínez si no conocía a otras personas que le podía hacer el mismo “favor”, a cambio del cual recibirían también una cierta suma de dinero.
Entonces, Martínez le presentó a su esposa, Dunia Liz Riveros, a cuyo nombre también las víctimas realizaron varios giros de dinero.
Chávez es una mujer con antecedentes por estafa y se presume que mediante la comisión del hecho punible, la mujer captó mucho dinero. Vive en una cómoda residencia en San Lorenzo, que fue allanada por el Ministerio Público, de donde se incautaron varios documentos, entre ellos un certificado de nacimiento en blanco.
También se incautaron tres pelucas, que Chavez habría usado para presentarse ante sus víctimas, ya que la misma habría usado varias identidades, según los elementos de sospechas.
El fiscal Martínez Cabrera solicitó a la justicia un plazo de seis meses para investiga el caso.
Había solicitado la prisión de los imputados, atendiendo que la existencia de un hecho punible grave, en razón de que hay indicios suficientes de una gran cantidad de víctimas que fueron afectadas y el elevado monto del perjuicio.
“Existen suficientes indicios de la participación de los imputados en el hecho punible investigado, todo ello demostrado por el testimonio de las víctimas, los informes policiales y actas de procedimiento al igual que las evidencias incautadas en el marco de la presente causa”, apuntó Cabrera en su escrito.
La jueza María Elena Cañete dispuso la prisión de Chávez y de los otros imputados.
Chávez se encuentra privada de su libertad en la comisaría de mujeres.
La imputada tendría muchos bienes y vive en una coqueta residencia que fue allanada por el Ministerio Público, de donde se incautaron numerosas evidencias.
Imputada tiene antecedente
La gestora Elsa Concepción Chávez ya había sido detenida en enero de 2009, cuando intentaba comercializar rubros del Ministerio de Educación.
Fue durante un operativo encubierto que se registró en un bar ubicado en Herrera e Independencia Nacional.
La gestora solicitó la suma de G. 13 millones a una docente, para ofrecer un paquete de rubros que incluía la supervisión del departamento de Itapúa, el cargo de dirección de un colegio de esa zona, así como el de secretaria.
Además indicó que obtendría la recategorización de otros tres docentes.
El procedimiento fue dirigido por la fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción, Victoria Acuña, junto con sus asistentes y agentes de la Policía Nacional.
El paso previo fue filmado por Telefuturo.
Tras el operativo que llamó la atención, porque se desarrolló en pleno microcentro, la mujer fue llevada hasta la sede de la fiscalía ubicada a metros del lugar.
En el local procedieron a sacarle el dinero utilizado para el operativo.
También detectaron que en su poder se encontraban otros 6 millones de guaraníes. Los fiscales sospecharon que la gestora tendría conexiones en el MEC y ese sería el siguiente paso de la investigación.
Prisión
La semana pasada, la jueza de San Lorenzo, María Elena Cañete, decretó la prisión de Elsa Concepción Chávez y ordenó su remisión a la Comisaría de Mujeres.
La magistrada alegó el peligro de fuga, atendiendo la conducta anterior de la imputada, que ya había sido condenada en otro proceso por estafa.
Por otro lado consideró la falta de arraigo, aunque Chávez le presentó los títulos de tres inmuebles que son de su propiedad. Sin embargo, la encausada tiene que presentar un informe de los Registros Públicos, que indiquen que las fincas están en libre disposición.
En caso de que Chávez no pueda justificar el arraigo, cumplido los cinco días, deberá ser remitida a la cárcel de mujeres.
La jueza también decretó la prisión de la imputada Catalina Román Acosta y del encausado Benigno Martínez.
La primera guarda reclusión en la Comisaría de Mujeres y el hombre en el Departamento de Delitos Económicos, hasta que justifiquen el arraigo.
Connivencia de funcionarios
La denunciante y víctima, Mariza Raquel Benítez Cabrera, relató a la fiscalía que una ingeniera que se identificó como Claudia Sanabria, que sería la supuesta estafadora Elsa Chávez, la llamó para corroborar sus datos y asegurarle que trabajaría en la ANDE de Pedro Juan Caballero con un salario de G. 7.000.000.
La testigo contó que “captó” unos 57 clientes para la supuesta estafadora.
Entre otras cosas, relató que como pasaba el tiempo y no le salía el nombramiento en la ANDE, le apuró a la “ingeniera” Claudia, quien le dijo para que venga hasta Asunción para conversar. Fue a fines de julio pasado.
“Me hizo una llamada y le dije que ya estaba en Arroyos y Esteros. Le pedí la dirección donde me podría ir junto a ella y que manifestó que le avise cuando esté en Asunción. Le vuelvo a llamar y su celular daba apagado. De repente me llamó por la tarde y me dijo que tuvo una emergencia porque explotaron dos transformadores en la estancia del doctor Nicanor Duarte Frutos y que estaba ahí con su cuadrillo. Me manifestó que en el lugar no había señal y se disculpó. Le dije que estaba muy indignada porque viaje de lejos y tuve mucho gasto”, relató.
“Luego le llamó a mi marido el jefe de distribución de Amambay, Esequiel Ferreira, para trabajar en la ANDE de Pedro Juan Caballero. Todos nos sorprendimos. Le entrevistaron a mi marido y tenía que comenzar a trabajar. Ahí volví a confiar en ella”, apuntó la víctima.
La denunciante refirió que para trabajar en la ANDE su marido tenía que renunciar a la empresa privada en donde estaba trabajando hace cinco años. Agregó que esto le contó a la “ingeniera” quien le refirió que no se preocupe que ella enviaría para que le asista a su esposo y abogado del estudio jurídico del doctor Óscar Tuma.
Luego llegó para la asistencia el abogado Julio Ríos. “Esto le convenció a toda la gente que estaba dudando y se inscribieron masivamente”, contó la mujer. La fiscalía no descarta connivencia de funcionarios públicos.
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