Sin que el objetivo del presente análisis sea perturbar innecesariamente las aguas de otras peceras, me refiero a segmentos diferentes al eminentemente jurídico, nos fijaremos en uno de los seis ejes fundamentales sobre las cuales el flamante presidente afirma que centrará su gobierno, los cuales, citando todos, son: independencia judicial y fortalecimiento institucional, combate a la impunidad para atacar la corrupción, eficiencia y modernización; capacitación de los recursos humanos, reducción de la morosidad judicial; y acceso a la justicia para todos.
Desde la perspectiva de la Magistratura de Paz, el último elemento se erige en el factor más preponderante, no solo para el protagonismo de los actores del último eslabón de la estructura, sino para garantizar la vigencia plena del estado de derecho, particularmente en el capítulo de estar cerca de la población más carenciada y aislada del país.
No es la primera vez que lo afirmamos ya que en la edición del Semanario Judicial del 22 de octubre pasado recordábamos la vigencia de Tratados Internacionales que garantizan el servicio judicial como un Derecho Humano y en ese sentido el cumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia se torna indefectible a nuestra República como un Estado moderno donde se respeta la dignidad de la persona.
Para complementar ello, apelamos a lo afirmado por la Dra. Mónica Bayá quien aclara que para comprender “el acceso a la justicia como un verdadero derecho humano y no como muchos proponen simplemente es la prestación de un servicio, porque ello podría significar mercantilizar el mismo viendo a quien lo necesita como un cliente o usuario y no como un sujeto de derechos. No obstante, en ambos casos el acceso a la justicia es generador de obligaciones para el Estado”.
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En el año 2010 tuve el honor de ser invitado como disertante en el Primer Encuentro Nacional de Justicia de Paz y Faltas que se realizó el 10 y 11 de junio de ese año en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, República Argentina.
En aquella oportunidad, hemos resaltado y lo reafirmamos hoy que el Juez de Paz asegura la convivencia pacífica en determinados poblados por su cercanía e inmediación.
En el Juzgado de Paz no se forman largas colas, no se necesitan en una gran cantidad de casos de abogados patrocinantes y los mismos se resuelven complementando en forma perfecta la disposición jurídica, la practicidad del magistrado y los elementos que forman parte de la identidad cultural de la población.
En nuestro caso, debemos indefectiblemente apelar a las características propias del “ser paraguayo”, es decir, el Juez de Paz debe tener sobrado conocimiento de los rasgos propios, característicos, folclóricos y populares del compatriota, de manera a hablar un mismo lenguaje, a lo cual debe sumar su conocimiento académico jurídico, de manera a cumplir con un servicio efectivo para el cual se postuló, concursó y solicitó ser nombrado.
Nadie lo obligó, fue él quien se postuló para el cargo y en consecuencia debe responder a las exigencias de la excelsa función que posee.
La Justicia de Paz en nuestro país carece de una Ley de Procedimientos actualizada (data de principios del siglo pasado) y la mayoría de las normas que rige su funcionamiento se encuentran atomizadas, por ello se debe replantear su dinamismo, de manera a lograr el fortalecimiento de la paz y la democracia.
El acceso a la justicia tal como se erige en uno de los ejes fundamentales, logrará igualmente elevar la calidad de vida de la población porque va a garantizar los derechos de los más débiles, quienes se sentirán protegidos por el esencial poder de un sistema democrático: el Poder Judicial. Aún con lo que falta en nuestro sistema, se puede lograr aquello mediante la adecuada implementación de los principios de continuidad, adaptación, celeridad, gratuidad e igualdad ante la ley. Todo depende de los actores y funcionarios judiciales.
Finalmente, el anuncio de realizar reuniones una vez al mes de parte del Superintendente en un Juzgado de Paz que el mismo elija es un buen augurio, ya que ello servirá para demostrar que desde los miembros del máximo organismo judicial hasta el último funcionario deben estar en contacto directo con la población y que estos pueden acercar sus inquietudes en forma directa a los mismos, posibilidad muchas veces vedada, no solo a los justiciables, sino inclusive a propios integrantes del sistema jurídico.
Que el presente año sea un año judicial eficiente y que sanamente nos enorgullezca a todos.
Juez de Paz. Yabebyry, Misiones.