Ante la inoperancia de la Fiscalía de Ciudad del Este, la denuncia fue derivada a Asunción, en donde el fiscal general, Javier Díaz Verón, dispuso que el caso sea investigado por el fiscal Martín Cabrera, quien días pasados realizó las primeras diligencias.
La denuncia había sido radicada por Águeda Centurión Rodríguez, secretaria general del Sindicato de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), de Ciudad del Este, quien sostuvo que los denunciados perpetraron los delitos de “lesión de confianza, asociación criminal, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.
La accionante manifestó en su presentación que el 22 de enero del 2013 el entonces presidente de la ANNP, Fernando Nicora López Moreira, actual diputado liberal radical, firmó un contrato de alquiler del local público de la institución que se encuentra en la zona primaria de la capital del Alto Paraná.
El convenio fue firmado con ciudadanos, de origen árabe, Hassan Nabil Bahjar Nasser Safieddine y Karin Nabil Nasser Safieddine, representantes de la firma Suisse Investment Corp SA, quienes se comprometieron en pagar 30 millones de guaraníes mensuales, durante 20 años, en concepto de alquiler para invertir 55 millones de dólares a fin de construir un megacomplejo comercial hotelero. Ambos extranjeros también fueron sindicados en la denuncia como corresponsables de los presuntos delitos perpetrados.
La firma del contrato contó con la autorización y anuencia del entonces presidente de la República, Federico Franco, y su ministro de Obras Públicas, Salyn Buzarquis, sostiene la acción.
“Contrato ilegal”
“El contrato ilegal de locación lleva membrete de la Presidencia de la República del Paraguay, ANNP (Rumbo a un Puerto Nuevo) y la frase Viva el Paraguay. De su cláusula primera se desprende que la ANNP cede en locación a la firma Suisse Investitment Corp SA, dentro de la finca N° 851 patrimonio de la ANNP, la superficie de 12.886 mts2 para la construcción de tres torres de 15 pisos cada una para shopping comercial y área corporativa, más 1.189 mts2 para un depósito cubierto. En total 15.170 mts2 en plena zona primaria en Ciudad del Este”, expresa el escrito de la denuncia.
Asegura que el acuerdo fue firmado en total violación de expresas normas legales y sin que exista dictamen previo de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República.
El contrato entre la ANNP y la Suisse Investment Corp SA establece un irrisorio pago por alquiler por cuanto la locataria proyecta enormes ingresos a costa de un bien público, señala la acción.
“Si multiplicamos 960 salones por un ingreso promedio de US$ 50.000 anuales, tenemos solo en alquiler de salones US$ 48 millones anuales de ingreso para la empresa privada, a la cual se suman 30 pisos de oficinas, depósitos y estacionamientos, se llegaría fácilmente a un total de US$ 80 millones por año, lo que multiplicado, en principio por 20 años, arrojaría la suma de 1.600 millones de dólares para la Suisse Investment Corp.”, agrega la denuncia.
Afirma la presentación que el contrato se firmó sin existir un dictamen sobre el impacto ambiental que producirán tres torres de 15 pisos, considerando que “el residuo cloacal de 45 pisos de salones, oficinas, etc. irán al río Acaray o al Paraná”.
Dice además que deben ser investigados los ciudadanos Hassan Nabil Bahjar Nasser Safieddine y Karin Nabil Nasser Safieddine por lavado de dinero “pues el único dato que se tiene de estas personas o de la empresa es que se dedican a préstamo de dinero a comerciantes de Ciudad del Este y tienen su oficina central el Líbano”.
Tras recibir la denuncia, el fiscal realizó las primeras diligencias solicitando informes y para los próximos días tiene previsto constituirse en el lugar donde está el inmueble de la ANNP, según funcionarios del Ministerio Público.
Es nulo, dicen Contraloría y Procuraduría
La Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR) afirmaron que el contrato firmado entre la ANNP y Suisse Investment Corp SA es nulo, porque viola numerosas normas legales.
El acuerdo no debió haberse firmado porque una obra comercial privada fue proyectada en un inmueble público que se encuentra en plena zona primaria, manifiesta, entre otros puntos la CGR en un dictamen firmado por el contralor Rubén Velázquez Gadea.
El mismo afirma y recuerda que una zona primera es el espacio fluvial o terrestre, ubicado en los puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, de transporte automotor y de otros puntos en donde se realizan operaciones de embarques, desembarques, trasbordo, movilización, almacenamiento y despacho de mercaderías procedentes del exterior o destinadas a él.
Señala que por esa razón no se debe proyectar ninguna construcción del tipo establecido en el convenio firmado entre la ANNP y la firma representada por ciudadanos de origen árabe.
Recuerda que la prohibición para llevar adelante la obra, en este caso un megashoppinh hotelero, lo establece, entre otras normativas, el Código Aduanero.
En su dictamen, el contralor dijo además que el contrato es ilegal porque se firmó sin que exista un estudio y dictamen sobre el impacto ambiental que tendrá el complejo proyectado en la zona primaria de la capital del Alto Paraná.
El acuerdo se firmó sin que exista una licencia ambiental para la firma que se comprometió en pagar una ínfima suma para ejecutar un proyecto multimillonario, agregó el contralor en su dictamen.
Sostiene además que el objeto del contrato no condice ni está acorde con las disposiciones legales que regulan las actividades de la Administración Nacional de Navegación y Puertos.
Al afirmar que “las obras tienen un fin netamente comercial”, el dictamen de la Contraloría dice que el contrato de referencia prevé proyectos expresamente prohibidos porque “no responde a las necesidades ni objetivos de la ANNP”.
Dictamen de la Procuraduría General
En similar tenor al dictamen de la CGR, la PGR sostuvo también que el contrato viola varias normas legales y que debe ser analizado por las autoridades de la ANNP.
En convenio se firmó y se puso en marcha sin la participación de varias instituciones, entre ellas la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), dijo en su escrito el procurador general, Roberto Moreno.
“El contrato se locación se ha celebrado en un inmueble que se encuentra en zona primaria, sin autorización de la autoridad de aplicación, esto es la Dirección Nacional de Aduanas”, enfatiza el dictamen del procurador general.
Al examinar los términos del convenio se ha notado que no le acompañan documentos que contengan resultados de análisis sobre aspectos económicos relacionados al mismo, señala también el dictamen del procurador.
“Cabe determinar si la ANNP tenía la competencia para celebrar el contrato, por un lado, y si el procedimiento de contratación fue asimismo conforme lo establecido por normas aplicables a la contratación pública”, añade.
Sostiene que el contrato de referencia es nulo y sin valor porque en las cláusulas del acuerdo se observan transgresiones a leyes que regulan las actividades de la institución portuaria.
También resaltan violaciones a normas legales referentes a contratos entre entes públicos y privados, puntualiza.
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