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El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, dio su respaldo a los once agentes anticorrupción, así como el nuevo adjunto de la Unidad, Federico Espinoza.
Sin embargo, los mismos investigadores se mostraron descontentos por el traslado de Arregui. El motivo es claro, existe temor de correr con la misma suerte.
Entre los procesos contra políticos se destaca el del senador Enzo Cardozo (PLRA), imputado por la “desaparición” de G. 62.000 millones durante su administración en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Todavía no fue desaforado, y además es miembro del Consejo de la Magistratura.
Al igual que Cardozo, está incluido en la misma causa Alberto Aquino (PLRA), diputado por el Parlamento del Mercosur (Parlasur), cuyo pedido de desafuero sigue pendiente.
El senador Víctor Bogado (ANR), ya desaforado, fue imputado por cobro indebido de honorarios y estafa por el caso de la “niñera” Gabriela Quintana Venialgo, quien percibía salarios en la Cámara de Diputados e Itaipú. Irregularmente cobró G. 68.950.441.
También José María Ibáñez (ANR) fue imputado por cobro indebido de honorarios en el caso de sus “caseros” contratados como funcionarios de Diputados, quienes en total percibían mensualmente G. 7.500.000. Todavía ostenta sus fueros.
A su vez, Édgar Acosta (PLRA) fue imputado en su carácter de expresidente de la Industria Nacional del Cemento (INC) por supuestos negociados con la venta de cemento. El mismo aún posee sus fueros parlamentarios.
Por su parte, los diputados Milciades Duré (PLRA), quien ya fue desaforado, y el diputado por Parlasur Emmanuel Friedmann (aún con fueros) están imputados en el caso de la compra irregular de inmuebles de Cordillera de la empresa San Agustín SA, por parte del Indert, por G. 46.000 millones.
Los investigados
Entre los parlamentarios investigados está el diputado Óscar Núñez (ANR), exgobernador de Presidente Hayes y hermano del asesor del presidente Horacio Cartes Basilio Núñez, tiene cuatro denuncias por el presunto perjuicio de G. 4.700 millones en la Gobernación.
El senador Fernando Silva Facetti (PLRA) soporta tres investigaciones por compras innecesarias de medicamentos, cinco licitaciones irregulares y adjudicaciones a la firma Parasoft.
El diputado Pedro Alliana (ANR) es indagado por la supuesta contratación de ocho “planilleros” en el Congreso, que hacen oficina en la Gobernación de Pilar.
La senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) es indagada por varias irregularidades al frente del Ministerio de Salud Pública, cuando se desempeñó como ministra.
El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) está en la mira por cobro indebido de salarios, por supuestamente ubicar a varios parientes y recomendados en la función pública.
La senadora Zulma Gómez (PLRA) es investigada por intento de estafa de US$ 12 millones a la Itaipú Binacional, a través de la fundación Género y Medio Ambiente (Gema).
Y el senador Jorge Oviedo Matto (Unace) es indagado porque el Indi compró tierras sobrefacturadas a una firma (El Algarrobal) supuestamente vinculada a él.