Imputación del diputado Tomás Rivas y tres “caseros”

El fiscal de Delitos Económicos Luis Piñánez imputó a Tomás Fidelino Rivas Benítez y a Reinaldo Chaparro Penayo (quien sería su chofer), Lucio Romero Caballero (secretario privado) y Nery Antonio Franco González (otro chofer), por presunta estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

Según el agente, se comprobó mediante registros telefónicos y una pericia de cruce de llamadas, que los tres empleados no cumplían labores en la Cámara de Diputados los días en que Rivas realizaba labores, de acuerdo con un informe remitido por la Presidencia de la Cámara de Diputados.

“Los citados funcionarios a su cargo en ningún momento estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados y tampoco en la zona del Parlamento en Asunción en las fechas de sesiones señaladas, según el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes remitidas por las empresas telefónicas Telecel SA y AMX Paraguay SA, obtenidos de los teléfonos celulares de los citados funcionarios, los cuales se hallan declarados por los mismos en los legajos remitidos por el Departamento de Recursos Humanos de la mencionada Cámara de Diputados. Pese a ello, los mismos habrían firmado las planillas de asistencia (entrada y salida) para figurar como presentes en dichos días siendo certificado con la firma del diputado Tomás Fidelino Rivas Benítez”, dice la imputación.

Además, el agente fiscal Piñánez detalla las ubicaciones de los tres caseros en las fechas en que Rivas certificó sus asistencias en el Congreso Nacional.

El investigador agrega: “Todas las planillas de asistencia eran firmadas por el diputado Tomás Rivas, quien certificaba que los citados funcionarios contratados asistían diariamente a las oficinas de la Cámara de Diputados cumpliendo horarios o se encontraban acompañándolo en sus labores legislativas, sin embargo, según la ubicación de las llamadas remitidas por las citadas empresas telefónicas, los mismos no se encontraban prestando servicio alguno en la Cámara de Diputados ni acompañando al citado legislador Tomás Rivas, en el periodo de tiempo investigado”.

Además, a través del Informe remitido por la Dirección General de Migraciones, el diputado, estando fuera del territorio nacional habría seguido rubricando la asistencia de los supuestos funcionarios. Por lo tanto, la certificación y utilización de dichas planillas habrían inducido a la Cámara de Diputados al pago mensual de salarios a los mencionados sujetos sin que exista ninguna contraprestación en concepto de servicios por parte de los mismos, ocasionando un perjuicio patrimonial al Estado Paraguayo.

A través del informe remitido por la Cámara de Diputados (D.G.RR.HH Nº 72) se tuvo conocimiento de que el monto de salario percibido por Reinaldo Chaparro y Lucio Romero (en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 al 28 de febrero de 2017) fue de G. 2.000.000 mensuales y el de Nery Franco (4 de octubre de 2016 al 28 de febrero de 2017) fue de G. 3.000.000 por mes. De esta forma, según el fiscal Luis Piñánez, se tiene que Reinaldo Chaparro cobró indebidamente G. 16.000.000; Lucio Romero percibió G. 16.000.000 y Nery Franco, G. 15.000.000.

El integrante del Ministerio Público aduce también que los informes de los registros telefónicos que fueron agregados en la carpeta fiscal corroboran una investigación periodística del diario Última Hora respecto a dichos delitos.

“Las ubicaciones de los citados funcionarios según el reporte de las empresas telefónicas guardarían relación con las publicaciones hechas por medios locales donde mencionan que Nery Franco habría estado trabajando en un local comercial denominado Salto Cristal en la ciudad de Ybycuí, propiedad del diputado Tomás Rivas. Por su parte, Lucio Romero trabajaría de casero en la quinta o estancia de la compañía César Barrientos de Ybycuí, también propiedad de Tomás Rivas, y Reinaldo Chaparro estaría igualmente trabajando de casero en el domicilio particular del diputado en la zona de Panambiretã (ciudad de Lambaré)”, concluye.

Quiso reconocer y reparar

El diputado de Colorado Añetete José María Ibáñez (foto) también afronta un dilatado proceso por el planillerismo de tres de sus caseros, “contratados” en la Cámara de Diputados con salarios de G. 2.500.000 pero que no prestaban servicios ahí sino desempeñaban labores en la quinta del parlamentario en Areguá.

El legislador intentó finiquitar el proceso en el 2014 y se comprometió a donar G. 200 millones para ser beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento.

Sin embargo, la fiscala Victoria Acuña se opuso a la salida y sustentó su pedido de juicio oral y público y nuevamente la audiencia preliminar se estancó. Desde ese entonces hubo una serie de chicanas y el juez Miguel Fernández fue recusado ante la Sala Penal de la Corte.

Además de Ibáñez y sus caseros están acusados su jefa de gabinete María Liz Gutiérrez y su esposa Lorena Plabst.

Caso “niñera”, estancado

El senador colorado cartista Víctor Bogado (foto) –nuevamente en el Congreso mediante la lista sábana– logró estancar el proceso conocido como “niñera de oro” en la misma Corte Suprema de Justicia. Este fue uno de los primeros casos donde quedó en evidencia cómo los políticos utilizan dinero del Estado para pagar a empleados particulares.

Luego de que la Fiscalía corroborara que Gabriela Quintana, sindicada como la niñera de las hijas del legislador, cobraba doble salario del Estado en la Cámara de Diputados y en la Itaipú Binacional, y no cumplía labores, el político utilizó todas sus influencias para que su proceso nunca avance.

Es más, tanto fue así que retrocedió. Inexplicablemente Bogado consiguió que se anule la elevación de la causa en la Cámara de Apelaciones, siendo que el acta de elevación es inapelable.

Actualmente la Sala Constitucional cajonea un conflicto de competencia y no se puede realizar la segunda audiencia preliminar.

Con una “manito” de la Corte

Una muestra de la sumisión de la justicia al poder político de turno, ocurrió hace menos de un mes, cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló la elevación a juicio oral y público del caso de compra de helicópteros inservibles para la Policía Nacional y el presunto perjuicio de casi G. 50.000 millones.

Si bien la resolución firmada por los ministros Sindulfo Blanco (primer opinante) y Miryam Peña, y el camarista Cristóbal Sánchez, benefició a los empresarios españoles Guillermo Casado y Álvaro Lasso Génova, también se espera la misma “manito” para el exministro del Interior, Rafael Filizzola (foto), quien tiene pendiente una misma acción de inconstitucionalidad.

El cuestionado y llamativo fallo favoreció a los europeos citados, clientes del abogado Juan Ernesto Villamayor, el mismo día en que el presidente electo de la República, Mario Abdo Benítez, anunciara que dicho jurista será ministro del Interior en su gobierno.

La Corte anuló la acusación del Ministerio Público. Alegó que los españoles no prestaron declaración indagatoria, aunque fueron convocados y no concurrieron.

Pedido de desafuero

El juez penal de garantías N° 4, Rubén Riquelme, remitió a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero del diputado colorado Tomás Rivas, imputado por presunta estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El Ministerio Público le atribuye la certificación de asistencia de sus empleados particulares y, de esta forma, estos percibieron salarios sin prestar servicios en el Congreso Nacional.

Citación a caseros

El juez Rubén Riquelme aceptó la imputación contra Reinaldo Chaparro Penayo (quien sería chofer del diputado Tomás Rivas), Lucio Romero Caballero (secretario privado) y Nery Antonio Franco González (chofer) y los citó a audiencia de imposición de medidas. Ellos deben presentarse el próximo viernes 1 de junio, a partir de las 8:30. El Ministerio Público pidió fianzas de G. 26 millones, más prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio.

Todos condenados, menos él

El senador liberal llanista y exministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Enzo Cardozo (foto), logró zafar mediante chicanas de su juicio oral y público por el desvío de G. 68.000 millones que debían ser destinados a la producción frutihortícola.

En este caso fueron condenados entre 7 y 11 años de cárcel los exdirigentes de la organización Fenaprofhp.

El político accede para el próximo período, mediante la lista sábana, a un cupo en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), con lo que burlará la justicia durante los siguientes cinco años. Tanto este como otros, buscarían inmunidad haciendo una interpretación interesada del artículo 191 de la Constitución, que no les extiende el beneficio del fuero a los parlasurianos.

Y justamente de esa misma forma evitó su proceso penal durante cinco años Emanuel Friedmann, quien nunca se sometió al proceso por las compras de tierras que hizo el Indert a la empresa San Agustín SA y el presunto perjuicio de G. 60.000 millones. Con esta descarada protección queda también el diputado liberal Milciades Duré, involucrado en el negociado del Indert y que logró burlar su juicio oral y público. Enzo Cardozo tiene otro proceso por desvío de G. 3.100 millones del Pronafope.

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