Rosa María Ortiz formaba parte de los siete integrantes de la CIDH desde el 1 de enero de 2012 y su mandato fenece a fin de año.

Para llegar a la CIDH se debe contar con alta autoridad moral y reconocida competencia en derechos humanos.

El currículum lo acredita. Es graduada en comunicación social y experta en los Derechos de Niños y Niñas.

Aparte de ser fundadora y miembro de varias organizaciones de derechos humanos, fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

En el 2003 recibió el premio Mujer Paraguaya otorgado por la Secretaría de la Mujer y en el 2010 fue reconocida con la distinción Peter Beneson para la Defensa de los Derechos Humanos que le entregó Aministía, capítulo Paraguay. Durante la dictadura trabajó por los presos políticos.

Esto le valió llegar a la CIDH e inclusive tener el apoyo de otros países para ser reelecta.

Sin embargo, incomprensiblemente el canciller Eladio Loizaga comunicó que no apoyará una nueva postulación.

La postulación del país de origen es un requisito para acceder al cargo, aunque se deja en claro que el cargo no representa al Gobierno.

La decisión del Gobierno demuestra un visible retroceso en la política de derechos humanos, que sigue siendo una deuda pendiente desde la dictadura que se va saldando, pero que no se termina de pagar.

No queremos ni pensar que la negativa del Gobierno tenga que ver con el pasado que vinculó a algunas de las actuales autoridades con la dictadura o con el hecho de que a Rosa María Ortiz la postuló el gobierno de Fernando Lugo.

Eso sería simplemente absurdo. Lo concreto es que nuestro país, que busca cambiar su deteriorada imagen, pierde un escaño en un organismo tan importante como es la CIDH. Y lo peor de todo es que es por iniciativa del ministerio que debe promover las relaciones internacionales.

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