Todos concuerdan en que no existe seguridad jurídica, que eso afecta la imagen del país, que desalienta las inversiones y genera una creciente insatisfacción ciudadana.
Esa inseguridad jurídica puede tener diversas causas y escenarios: la corrupción, la falta de sometimiento del Estado al ordenamiento constitucional y legal vigente, la excesiva burocracia estatal, la morosidad administrativa y judicial, la falta de idoneidad de los funcionarios, etc.
Pero no se crea que la inseguridad jurídica tiene como exclusivos responsables a los funcionarios públicos, pues a ella contribuimos también los ciudadanos, cuando desobedecemos la ley, aunque sea una simple y elemental ordenanza municipal, que dispone la obligación de los propietarios de construir y mantener en buenas condiciones las veredas de nuestros inmuebles.
Trasladado el problema al ámbito de la administración de justicia, la inseguridad jurídica se manifiesta en la cada vez mayor dificultad de prever el resultado de los juicios, no solo en cuanto al sentido del pronunciamiento final sino también del tiempo que demandará ese proceso. Y esto se aplica a todo tipo de juicios civiles, penales, administrativos, y hasta laborales, desde los casos más simples hasta los más complejos.
Ahora bien, esta inseguridad jurídica que deben padecer los justiciables, aquellas personas que se ven sometidas –voluntaria o involuntariamente– a ser parte en un juicio, tiene sus causas no solo en la actividad deficiente, negligente o en la corrupción de los magistrados y los funcionarios judiciales o agentes y funcionarios fiscales, sino también aparecen los abogados como activos protagonistas y responsables del absoluto descarrilamiento procesal.
Más allá de la corrupción y de la impericia de muchos jueces y agentes fiscales, son los abogados quienes pervierten el sistema de justicia en nuestro país usando y abusando de los recursos e incidentes que las leyes procesales contemplan o cuando formulan planteamientos sin sustento legal alguno.
En estos últimos casos la responsabilidad del Poder Judicial se limita a la falta de imposición de sanciones disciplinarias a los abogados y litigantes que actúan abusando de sus derechos o directamente con mala fe.
A esto se suma la incontrolable generación anual de miles de nuevos abogados en las ochenta y cinco facultades de derecho que existen en el país, que en muchísimos casos no pasan de ser simples estafadores con título de abogado, que engañan a sus clientes ofreciéndoles resultados en juicios que no tienen la mínima posibilidad de prosperar.
Este problema es sumamente grave y debe ocupar la atención y preocupación de las autoridades judiciales, universitarias y del Ministerio de Educación, porque en los pasillos de los tribunales están ejerciendo la profesión de abogado, personas que nada saben de derecho y que ni siquiera podrían defenderse a sí mismas.
Esta creciente realidad afecta la imagen del Poder Judicial y la del Ministerio Público tanto o más que la impericia o la corrupción que pudiesen existir en esas instituciones, porque la explicación que reciben los litigantes sobre el fracaso o la pérdida en un conflicto judicial, jamás tendrá por causa la impericia del abogado que lo representó, quien casi siempre tendrá por excusa que el juicio se perdió por el bandidaje del agente fiscal o de los jueces que intervinieron en el proceso. Y dejo constancia que, en muchos casos, esas dos causas son concurrentes.
Si queremos combatir la inseguridad jurídica, comencemos a preocuparnos por la calidad y suficiencia de los abogados que egresan de las distintas facultades de derecho y establezcamos procedimientos de evaluación previa para que los nuevos abogados puedan ser habilitados para el ejercicio profesional.
Esto es tan importante como lograr la absoluta independencia del Poder Judicial, el nombramiento de jueces, fiscales y funcionarios idóneos y moralmente irreprochables y la destitución de los corruptos y de quienes incurren en mal ejercicio de sus funciones.