Más imputados por escándalo con compras de notas

La fiscala Sosa impulsó el caso por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y adulteración de datos relevantes a la prueba.

En una primera tanda de imputados (en total 15), la representante fiscal ya había incluido a los funcionarios Víctor David Oviedo Arce y Eduardo Ariel Barrios Villalba como los encargados de “vender” calificaciones. Inclusive, la desfachatez fue tanta que los propios alumnos involucrados confesaron que el sistema de pago era a través del servicio “Giros Tigo”. Esto fue corroborado con informes de telefonías y la transcripción de mensajes de textos, que hacían referencia a las “negociaciones” de la práctica ilegal.

El “modus operandi”, según relató la alumna Sofía Astaburuaga Fisher (quien no fue incluida en el proceso), era que los alumnos se inscribieran a los dos exámenes y se ausentaran. Esto daba “vía libre” para realizar los irregulares cambios.

Ampliación de la causa

Ahora, Teresa Sosa decidió ampliar la Causa N° 2882/14 “Víctor David Oviedo Arce y otros s/ producción de documentos no auténticos y otros”.

La agente, en su escrito penal, indica: “En prosecución de las diligencias de investigación realizadas en la presente causa, esta Fiscalía continuó analizando a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, y de la misma surgen otras calificaciones que igualmente habrían sido modificadas o adulteradas en las actas papel y/o en el Sistema Informático AS/400.

La misma decidió imputar a los alumnos Nidia Beatriz Méndez Matiauda, Yeni Bernardina Rivas Ruiz Díaz, María Belén Maldonado Silva, Germán Eduardo Torres Antonioli, Leonard Chung Wang, Luis Alberto Arce Roux, Víctor Agüero Pagliaro, Andrea Paredes Acosta, Jorge Vidal Francia Rolón y César Manuel Romero Giménez.

También incluyó al funcionario de la Facultad de Ciencias Jurídicas UC, Claudio Ramón Aponte Steiner, y amplió hechos punibles contra los compañeros de este, Víctor David Oviedo Arce y Eduardo Ariel Barrios Villalba.

Al funcionario Aponte Steiner se llegó a través de las declaraciones de imputadas, entre ellas Samantha Zaldívar (imputada en la primera tanda), quien, entre otras cosas, consignó en sede fiscal: “... mi compañera Mirtha Torres entró a la secretaría de alumnos y salió con un funcionario, era Claudio Aponte, logró arreglar la computadora (para acceder a notas), le pide a mi compañera su número de cédula y observa que la misma había obtenido un uno, era ya un examen de la tercera oportunidad, creo que era allá por noviembre de 2013, ahí es cuando nos ofrece a ambas una solución, que una de las dos anotemos su número, que una de las dos, cualquiera, se podía contactar con él para cambiar nuestra calificación. Yo también había sacado un uno”.

Continuó: “...es así que nos contactamos con Claudio y nos dio la dirección de donde debíamos llevarle el dinero, no quería un giro ni nada por el estilo, debíamos llevarle a las calles 4ª Proyectada y Chile y así lo hicimos. Nos dijo que después de una semana viéramos nuestras notas en el sistema de la secretaría. Yo tuve dos encuentros con él... Mi compañera era quien se comunicaba con él a través de whatsapp, porque él quería que solo una se comunicara. En mi caso le llegué a entregar, en el primer encuentro, la suma de G. 2.000.000, era por seis materias, y en el segundo encuentro, que fue por cinco materias, la misma suma. Las primeras seis materias fueron modificadas en el sistema en su totalidad, mientras que de las cinco materias restantes, creo que dos no fueron modificadas...”

La otra alumna, Mirta Torres (imputada), declaró en el mismo sentido de Zaldívar, pero ahondó en detalles que le proporcionó el hoy imputado Claudio Ramón Aponte.

“...caí en el error de aceptar el ofrecimiento del Sr. Aponte, no sin antes preguntarle acerca del procedimiento para realizar las modificaciones, pero el mismo no me manifestó la forma concreta de realización. Yo no sabía que iban a falsificar actas de calificaciones. Él me decía que era a través del sistema, que inclusive ya había alumnos recibidos que fueron beneficiados con tal procedimiento, pero no dio nombres...”.

A su vez, agregó: “...Quiero manifestar que fue Aponte el que me propuso todo esto, también lo mismo pasó con mi compañera Samantha... Entonces me dijo Aponte que su procedimiento tenía precio, y quiero referir que le hice tres entregas de dinero: la primera de G. 1.200.000, en efectivo y personalmente, que lo entregué en las calles Cuarta y Chile; la segunda fue de G. 1.000.000 en efectivo y personalmente, y la última entrega de G. 1.200.000...” Luego, la alumna relató que le fueron modificadas ocho calificaciones de diferentes asignaturas.

Por este motivo, Sosa refiere: “Los imputados Víctor Oviedo y Claudio Aponte, funcionarios de la FCJD, tenían acceso a las actas de calificaciones más arriba individualizadas, y en este contexto, habrían requerido sumas de dinero a los alumnos mencionados, con la contraprestación de adulterar o modificar las actas de calificaciones, con el objeto de que estos aprobasen...”.

Continúa: “Por su parte, el imputado Eduardo Barrios, igualmente funcionario de la FCJD, tenía acceso –a través del usuario que le fuera asignado– al Sistema Informático AS/400, donde, en connivencia con los imputados Oviedo y Aponte, y en determinados casos, habría modificado las calificaciones de los alumnos, con el mismo objeto de que estos aprobaran los exámenes”, concluyó la fiscala Sosa.

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