La inobservancia de cualquier norma o resolución, sea en el ámbito que fuere, tiene que ser castigada y la sanción debe ser más severa cuando los que la ignoran son gente que ocupan cargos de relevancia o “claves” dentro de las entidades.
El caso de presunto lavado de dinero, contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal salpicó a cuatro bancos, que a raíz de esta situación fueron inspeccionados por la Superintendencia del BCP. La conclusión de los inspectores fue que las entidades incumplieron leyes y normas antilavado. Incluso que ignoraron su propio manual para prevenir el blanqueo del dinero sucio y el financiamiento del terrorismo.
Algunas autoridades responsables del control declararon que falta que las entidades preparen mejor a sus funcionarios encargados de alertar o reportar a la Seprelad las operaciones sospechosas. Con esta excusa, pareciera ser que se pretende “perdonar” a los que presuntamente no cumplieron lo que señalan las leyes y normas; o que solo se les daría un “tirón de orejas”.
La gravedad de los hechos indagados obliga al Banco Central, Aduanas y la Fiscalía al esclarecimiento de los mismos. En caso de confirmarse la comisión de los ilícitos, los involucrados deben ser individualizados y castigados como lo prevé la ley. Ni más ni menos.
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