El exgobernador del departamento Presidente Hayes y actual diputado colorado Óscar Núñez es uno de los beneficiados con la libertad ambulatoria a pesar de soportar dos causas por presuntas multimillonarias tragadas que se le atribuyen, según la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo del fiscal Martín Cabrera.
De acuerdo a una primera imputación del fiscal Cabera, Óscar Núñez es responsable de haberse “comido” 30.000 millones de guaraníes cuando se desempeñaba como gobernador chaqueño entre los años 2008 y 2013. El citado exgobernador es hermano del actual intendente de Villa Hayes, Ricardo Núñez.
En su imputación, el fiscal Cabrera dijo haber descubierto 900 cheques pertenecientes a las cuentas 820429/6, 819139/2 de la Gobernación de Villa Hayes, cargo Banco Nacional de Fomento (BNF), que fueron utilizados para gastos diversos no justificados.
Con base en las evidencias colectadas, el fiscal Cabrera había solicitado al juez Blas Cabriza que pida a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador y actual legislador de la Cámara Baja, Óscar Núñez. Atendiendo la solicitud del citado agente, el fiscal Blas Cabriza pidió en abril pasado el desafuero del ahora integrante de la Cámara Baja.
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Más tarde, el propio fiscal Martín Cabrera volvió a imputar al exgobernador de Pdte. Hayes y actual diputado colorado Óscar Venancio Núñez Giménez, por un presunto perjuicio de 3.600 millones de guaraníes a dicha institución, en su administración.
El fiscal dijo que Núñez es responsable de otro supuesto perjuicio patrimonial de G. 3.600 millones mediante la emisión de cheques del Banco Familiar a nombre de la Gobernación y señaló que no existe una documentación que respalde estas erogaciones.
Supuesto contrabandista
Otro de los políticos imputados que goza de libertad es el diputado colorado Carlos Núñez Salinas, imputado por la supuesta comisión de hechos punibles, evasión de impuesto y presunto contrabando.
El citado diputado colorado fue investigado e imputado por el fiscal anticorrupción y delitos económicos Martín Cabrera, quien tiene previsto presentar la correspondiente acusación.
Tras su imputación y declaración, Núñez Salinas negó que fueran suyas las firmas estampadas en documentos que fueron utilizados ante la Aduana para la importación y despacho de decodificadores como ruteadores, fueron falsificadas.
Enzo Cardozo
Según las denuncias, Cardozo es uno de los políticos que se valen impunemente de chicanas para trabar sus proceso por millonarios desvíos presuntamente perpetrados en el MAG.
A pesar de los múltiples recursos dilatorios, hasta ahora no fue sancionado por la Corte ni por algún magistrado inferior, pese a que la ley y acordadas del alto tribunal así lo disponen.
Cardozo chicanea para evitar la audiencia preliminar en el proceso que tiene por lesión de confianza, donde causó un perjuicio de G. 3.700 millones al Ministerio de Agricultura.
Este caso se encuentra en el juzgado del juez Humberto Otazú.
Cardozo está igualmente procesado por otro fraude a pequeñas organizaciones de agricultores por un total de G. 68.000 millones, en perjuicio del Ministerio de Agricultura. En este caso, también presentó numerosos incidentes dilatorios para evitar la preliminar.
A pesar de los múltiples recursos dilatorios, hasta ahora no fue sancionado por la Corte ni por algún magistrado inferior, pese a que la ley y acordadas del alto tribunal así lo disponen.
Caso niñera de oro, trabado
El senador colorado Víctor Bogado es otro de los políticos imputados por diversos hechos que sigue sin enfrentar juicio oral.
En 2012, Víctor Bogado ya había logrado zafar de un proceso por corrupción iniciado en el 2006 y ahora soporta el caso de la “niñera de oro” Gabriela Quintana Venialgo.
Bogado fue procesado junto a la niñera de sus hijas por doble cobro de salario público en el Congreso Nacional, hecho prohibido por la Constitución.
Según los antecedentes, Bogado, valiéndose de su influencia en la Cámara de Diputados, logró el nombramiento de su niñera con el cargo de asesor y un salario de G. 5.559.708 en el 2010.
En marzo del 2013, a pedido de Bogado, la mujer fue nombrada también en la entidad binacional Itaipú donde comenzó a percibir un ingreso mensual de G. 9.032.400, más beneficios.
En octubre de ese año, cuando por presión de la ciudadanía, las instituciones públicas se vieron obligadas a publicar la lista de sus funcionarios con sus salarios, salió a luz el doble sueldo de Quintana Venialgo.
El caso estaba en puertas de un juicio oral, pero la Cámara de Apelaciones integrada por los camaristas Emiliano Rolón, Mirtha González y Carlos Ortiz Barrios declararon de “oficio” la nulidad del juez de Garantías Julián López.
Según un dictamen del Ministerio Público, el senador Víctor Bogado facilitó una estafa en perjuicio del Estado paraguayo y por ello debe ser castigado.
De acuerdo a los antecedentes investigados, Bogado hizo posible que Gabriela Quintana, la niñera implicada en el hecho, fuera nombrada funcionaria en la Cámara de Diputados y posteriormente comisionada a la Itaipú Binacional. Mientras figuraba en Itaipú y cobraba salario de la binacional, ella cuidaba a las hijas del legislador, indican los informes.
Busca anular procesos en la justicia
El exministro del Interior Rafael Filizzola también forma parte de la nómina de políticos imputados por presuntos graves hechos de corrupción que buscan evitar el juicio oral.
Filizzola afronta dos procesos: uno por supuesta sobrefacturación en obras destinadas a comisarías, por G. 1.131.812.500, y otro por el presunto multimillonario escandaloso negociado con helicópteros para la Policía Nacional.
En el caso del presunto fraude en perjuicio de comisarías, recientemente fue suspendida su audiencia preliminar, en la que debía de decidir si el exsecretario de Estado va o no a juicio oral y público.
A sabiendas de que el planteamiento sería rechazado por improcedente, el defensor de Filizzola, abogado Guillermo Duarte, planteó en este caso una “reposición”.
Tal como estaba previsto, el recurso fue rechazado por la jueza Carla Bacigalupo y esa decisión fue apelada en el marco de un trámite que puede durar meses en segunda instancia y así lograr el “enfriamiento” del caso, según fuentes judiciales.
El exministro también soporta el proceso por la compra de helicópteros para la Policía, en el cual deberá afrontar un juicio oral.
Según la acusación, Filizzola incurrió en lesión de confianza porque abonó, el 12 de octubre de 2011, la suma de G. 20.382.567.558 a la Empresa Proibérica para la cancelación de pago por la adquisición irregular de 4 helicópteros UH 1H.
La defensa niega la acusación y busca su nulidad en la justicia.
No se puede hacer preliminar en el juicio a diputado
Otro de los políticos imputados que siguen eludiendo la audiencia preliminar para evitar juicio oral y público es el diputado colorado José María Ibáñez, procesado en el caso conocido como los “caseros de oro”.
En este expediente, además del legislador Ibáñez, figura como procesada su esposa Lorena Plabst y María Liz Gutiérrez, exjefa de gabinete del diputado.
Según los antecedentes, en agosto de 2013 Ibáñez logró que la Cámara de Diputados contrate a Favio Ernán Gómez Chamorro, Éver Isaac Falcón Valenzuela y Viviana Patricia Falcón Valenzuela, como auxiliares administrativos del citado cuerpo legislativo.
Las citadas personas trabajaban como cuidadores de una mansión que Ibáñez posee en Areguá, de acuerdo a investigaciones realizadas por la fiscala anticorrupción y de delitos económicos Victoria Acuña.
Mientras cuidaban la mansión, los mismos figuraban como funcionarios del Congreso, cuyo edificio ni siquiera conocían, según testimonios que forman parte del expediente judicial del caso.
El salario legislativo de los cuidadores de la mansión retiraba la esposa de Ibáñez, pero la totalidad del monto no era entregado a quienes figuraban como funcionarios legislativos.
El caso quedó a cargo del juez Miguel Tadeo Fernández, quien había fijado para el pasado 16 de diciembre la audiencia preliminar, a fin de decidir si los imputados van o no a juicio oral.
La diligencia ordenada por el magistrado Fernández se frustró ante nuevas chicanas promovidas por el diputado Ibáñez, quien dijo y repitió varias veces que está dispuesto a afrontar lo que decide la justicia.
En un intento de evitar el juicio oral, allegados a Ibáñez hablaron de la posibilidad de que los imputados realicen millonarias donaciones a un hospital de Asunción.
De acuerdo a los documentos de este proceso, el primer aplazamiento de la audiencia preliminar de Ibáñez se registró el 15 de octubre de 2014.
Similar suerte corrió la fecha fijada para el 12 de noviembre de ese mismo año y una vez más el caso quedó pospuesto para el 26 de diciembre del año pasado.
Posteriormente un nuevo aplazamiento tuvo lugar el 23 de octubre de este año y por último el pasado 16 de diciembre.
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