El magistrado, actualmente suspendido, fue detenido el 16 de noviembre tras recibir en su propio despacho US$ 30.000 para que facilitase una regulación de honorarios. La acusación del Ministerio Público revela que inicialmente el magistrado solicitó al abogado Andrés Ayala López unos US$ 150.000, para que no ponga trabas a la regulación de honorarios de unos G. 3.800 millones que le correspondía al letrado por su intervención en varios juicios, según la denuncia que realizó el 4 de noviembre de 2016 ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Luego de algunas conversaciones, el monto se redujo a los 30.000 dólares ya mencionados.