De los catorce pedidos de intervención, hasta el momento solo el de la capital del Alto Paraná fue aprobado y el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, nombró a Carolina Llanes para auditar dicha comuna.

En tanto que otros tres pedidos, correspondientes a los municipios de Santa Rosa del Aguaray, La Colmena y Limpio fueron rechazados por la falta de méritos, según explicaron.

Mientras tanto, los pedidos para auditar las comunas de Alberdi, Mauricio José Troche, Humaitá, Jesús, La Paloma, Corpus Christi, Quiindy, Quyquyhó y Mbocayaty del Yhaguy todavía se encuentran en proceso de estudio, confirmó el viceministro de Asuntos Políticos, Juan Villalba Idoyaga.

Todos los pedidos de intervención fueron efectuados debido a sospechas sobre la base de supuesta malversación de fondos provenientes de los royalties de las binacionales Itaipú y Yacyretá, y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) .

El primero de ellos debería ser utilizado para las inversiones sociales, ayuda a los más carenciados, creación de caminos y puentes de todo tiempo, obras que tendrían que ser ejecutadas en cooperación con el Ministerio de Obras Públicas.

Mientras que los recursos del Fonacide, por ley, deberían de haber sido usados exclusivamente para la educación, construcción y reparación de escuelas, colegios, las ayudas escolares, como los almuerzos, meriendas y los útiles para cada uno de los niños, para lograr que la educación sea libre y gratuita.

Sin embargo, en casi todos los casos estos fondos, que representan una enorme cantidad de dinero, van a parar a las cuentas privadas de los políticos de turno, quienes a diario acrecientan su patrimonio con residencias lujosas, camionetas todoterreno de última generación, establecimientos, sin ningún pudor y a la vista de la ciudadanía, que queda marginada, en la miseria, por el accionar de estos personajes que conforman verdaderas estructuras criminales para apropiarse del dinero público.

Las pocas escuelas que algunos municipios construyeron para tratar de justificar el haber recibido estos rubros, se han convertido en trampas mortales para los escolares, debido a que fueron hechas con materiales de tercera clase, de la forma más burda posible, para ahorrar todo lo que se pueda.

Es por estas razones que localidades del interior del país que fueron fundadas hace más de 200 años siguen en las mismas condiciones, porque las autoridades, que sus propios habitantes eligieron, solo se dedicaron a apropiarse del dinero público durante los años de gestión.

Ninguno de ellos dejó inversiones en obras públicas, tampoco instituciones educativas –las únicas que progresaron en los últimos años fueron las privadas– mientras los centros de salud y hospitales públicos se caen a pedazos, sucios y llenos de basura, sin insumos para los enfermos.

El robo o despojo de los políticos corruptos genera una cadena de miseria en nuestra sociedad, por ello estos personajes deben ser tratados como verdaderos criminales. Sus víctimas son los niños, los ancianos, y los jóvenes que deben abandonar sus valles o el país para tratar de sobrevivir dignamente.

“Para muestra un botón”

El intendente actual de la localidad de Francisco Caballero Álvarez –más conocida como Puente Kyhá–, Néstor Ariel Araújo (ANR), fue detenido el 4 de diciembre pasado bajo sospechas de haber malversado todos los fondos de la comuna que administraba, unos G. 8.000 millones. En principio el jefe comunal está acusado por lesión de confianza, apropiación, exacción y uso y reproducción de documentos no auténticos. Pero además tiene procesos por hechos de crimen y desde hace 10 años es prófugo con rebeldía en dos procesos penales. Ahora nuevamente fue denunciado por haber firmado tres cheques al portador por valor de G. 180 millones cada una. El mismo Araújo efectivizó los documentos en una casa de cambios de Salto del Guairá e inmediatamente denunció como robados dos de los cheques, hecho que se descubrió cuando los directivos de la casa de cambios intentaron cobrar los cheques. Ahora un juez de la zona decretó que esos documentos deberán ser pagados como el presupuesto 2019 de la municipalidad. Un verdadero robo a la ciudadanía

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