El alto grado de contaminación del lago Ypacaraí es una prueba irrefutable de la impunidad que la Fiscalía otorga a los dueños de grandes industrias, que tiran sus desechos en los cauces hídricos y que pese a la gravedad de los hechos cometidos nunca fueron procesados.
La ley prevé duras sanciones para los que dañan el ambiente. Sin embargo, la propia estadística del Ministerio Público revela que no hay presos por violación de disposiciones legales. Este es otro fuerte indicio de un feroz negociado para que los “peces gordos”, que tienen mucho dinero y cuentan con protección política, puedan seguir talando árboles y contaminando arroyos.
Si la Fiscalía quiere hacer su trabajo en serio, y no intervenciones maquilladas, los dueños de las grandes industrias y los intendentes tendrían que estar en el banquillo de los acusados. Los jefes comunales tienen una gran responsabilidad en la contaminación de los cauces hídricos, porque permiten que las industrias tiren sus desechos, sin previo tratamiento, a los arroyos.
Imputando a los dueños de chancherías no se va a solucionar la contaminación ambiental.
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