La Corte, en cumplimiento de la Ley Nº 2046/2002, de tasas judiciales, deposita diariamente en una cuenta judicial abierta en el Banco Central a nombre de Justicia y Trabajo, el 21% de lo que el Poder Judicial recauda en el referido concepto.
Desde agosto de 2008 hasta agosto de 2013 la Corte transfirió a la mencionada secretaría de Estado más de G. 170.000 millones.
El 30% de los G. 170.000 millones, según la ley, tiene que ser destinado a financiar programas de acción, y el 70% a programas de inversión física para la construcción y mejoramiento de la infraestructura penitenciaria de la República. Esto tiene que incluir, además, el funcionamiento de centros alternativos de reclusión penitenciaria, centros de asistencia pospenitenciaria y de talleres de escuelas de artes y oficio.
Sin embargo, las cárceles del país, en su mayoría, se encuentran en pésimas condiciones, lo que hace sospechar que la mayor parte del millonario monto habría sido desviado por las autoridades encargadas de su ejecución.
Tacumbú tiene alrededor de 4.000 reclusos, mientras que la capacidad del penal es para 1.500 presos.
La ministra de Justicia y Trabajo, durante sendas visitas, comprobó las condiciones infrahumanas en las que viven los presos de Ciudad del Este y la cárcel de Mujeres Buen Pastor.
Esta es la realidad penitenciaria del país, mientras que Justicia y Trabajo recibe diariamente entre 70, 80 y hasta G. 100 millones por día del Poder Judicial.
Durante los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco los ministros de la referida cartera de Estado recibieron más de G. 170.000 millones. ¿En qué usaron el dinero? Los exministros de Justicia tienen que explicar en qué usaron la plata, sobre todo atendiendo que hay sospechas del mal uso de la millonaria suma.
Construcción de palacios
El Poder Judicial puede construir uno y hasta dos palacios de justicia por año con el dinero que anualmente le envía a Justicia y Trabajo.
De acuerdo a los datos, un palacio equipado y funcionando tiene un costo de entre G. 15.000 y 20.000 millones. Excepto el de Encarnación, que costó unos 10 millones de dólares, atendiendo que es construcción moderna y bien equipada.
En los últimos cinco años la Corte Suprema transfirió G. 170.034.462.997 al Ministerio de Justicia y Trabajo para el mejoramiento y construcción de cárceles, según lo establece claramente la ley. Sin embargo, en las penitenciarías del país, sobre todo de Tacumbú y Ciudad del Este, los reclusos viven en condiciones inhumanas. ¿Qué se hizo de la plata? ¿Se usó bien o fue a parar al bolsillo de las autoridades?
Las nuevas autoridades de Justicia y Trabajo deben investigar en que se usó el dinero, y si hay indicios de hechos punibles, tienen la obligación de hacer la denuncia ante fiscalía.
Todo tiene precio
Según el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, respirar es prácticamente lo único que se puede hacer en forma gratuita en el penal. Para todo lo demás hay un precio.
“En este sistema, son los propios internos los encargados de aplicar los castigos disciplinarios, de fijar y cobrar precios ilegítimos que los internos deben pagar por espacios de las celdas y las camas, de cobrar “cuotas” a aquellos que tienen negocios informales dentro de la cárcel, de resolver conflictos de convivencias que se suscitan entre internos, de distribuir y fijar los precios de los alimentos. En definitiva, son los encargados de decidir los aspectos relativos a la administración cotidiana de la penitenciaría”, refiere el informe que revela la realidad de los presos de la cárcel de mayores.
Celdas “vip”
De las entrevistas realizadas a los internos, se pudo conocer que el ingreso a los espacios de privilegio puede costar hasta 8 millones de guaraníes, según la codicia del portero que esté de turno y que tenga a su cargo la ubicación de los internos. Un informante reveló que en 2009 el precio de una celda vip registró un costo extremo de 100.000 dólares.
“La forma de vida está determinada por la capacidad económica. La población vive en condiciones inhumanas, sea bajo el tinglado o en la baldosería. Quienes pueden pagarlas, acceden a celdas dotadas con baños individuales, aire acondicionado y equipos varios, destinados al confort y al entretenimiento: son las llamadas celdas “vip” a las cuales siguen otras, de menor costo y comodidad”, refiere el informe.
Según los datos, el acceso a una celda común varía entre 100.000, 300.000 o 500.000 guaraníes. Una vez ubicado, a la hora del descanso, el recluso que quiera contar con un colchón debe pagar G. 20.000 o si logra contactar con un revendedor, podría pagar G. 10.000 o G. 5.000. Las frazadas cuestan entre G. 15.000 y G. 30.000 y acceder a una sábana también tienen costo.
Para llegar hasta la Sanidad se pagan mil guaraníes por cada portero. El uso de teléfono celular –el cual está prohibido e incluso hay en la zona un dispositivo que supuestamente lo bloquea– se consigue con un pago que varía de 80.000 a 100.000 guaraníes.
“Hasta la colocación de esposas para las comparecencias a las audiencias en el Palacio de Justicia o en la fiscalía tiene un costo. Si los brazos de un interno son inmovilizados por detrás de su cuerpo y esto le causa molestia, debe abonar G. 5.000. Sacarse las esposas asciende a G. 20.000”, indica el informe.
PREOCUPA SITUACIÓN DE PASILLEROS
El informe identifica a los “pasilleros” (fotografías) como grupos que se encuentran en situación de particular vulnerabilidad, al igual que las personas transgénero (26) y los indígenas (11).
Los pasilleros –internos que no cuentan con ningún tipo de alojamiento bajo techo, es decir, no están alojados en ninguno de los pabellones, por lo que deambulan con sus pertenencias– totalizan 338, casi el 10% de la población, según un reporte del director de Tacumbú el 18 de setiembre pasado.
“Los delitos que cometen son menores, pero últimamente son capturados con drogas que portan para su consumo y el cargo de tenencia se suma al motivo originario de su aprehensión y procesamiento. Esta situación les limita al beneficio de medidas alternativas a la prisión, ya que las carátulas de sus expedientes cargan con el estigma de tenencia o tráfico para justificar su encierro”, destaca la presentación.
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