En una nota remitida al titular del IPS, Hugo Royg Aranda, el 4 de abril pasado, el contralor general Rubén Velázquez Gadea solicitó la apertura de un sumario para deslindar la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la licitación número 91/12 para la “Adquisición de Ambulancias para el IPS” y que fue adjudicada por resolución Nº 094-008 del 20 de noviembre de 2013 a la firma Rieder & CÍA. por un total de G. 10.467.000.000.
La Contraloría concluyó que hubo una sobrefacturación de G. 4.197.000.000.
El órgano contralor detalló que las ambulancias fueron adquiridas a G. 348.900.000 cada una.
Una simple comparación de precio en el mercado permitió a la Contraloría concluir que se infló el costo de las ambulancias, atendiendo que unas similares fueron vendidas a la Gobernación de Boquerón a G. 209 millones cada una en el 2011. Sin embargo, un año después, el IPS adquirió a G. 348.900.000 cada vehículo, lo que arroja una diferencia de G. 139.900.000 en cada una de las 30 ambulancias, destaca la Contraloría en el escrito que remitió al actual titular de la previsional.
Lo que dice Contraloría
1) Se evidenció que la oferta adjudicada a la firma Rieder y CÍA. por G. 348.900.000 cada ambulancia supera en un 25 por ciento el precio referencial establecido por la entidad que fue de G. 280.000.000.
2) A modo de referencia se examinaron otras licitaciones adjudicadas a la misma firma en otras instituciones públicas, donde se adquirieron ambulancias convencionales de la Marca Renault, de similares características y algunas diferencias entre las mismas, constatándose cuanto sigue:
a) En la licitación por concurso de ofertas número 12/11 “Adquisición de Vehículos para la Gobernación de Boquerón”, el precio unitario fue de G. 209.000.000 y se adjudicó a la firma Rieder.
b) Se evidenció igualmente que la citada empresa fue adjudicada por otras instituciones del Estado, cuyos modelos de ambulancias se aproximan al precio ofertado a la entidad. Sin embargo, se evidenciaron similitudes entre las especificaciones técnicas de dos ambulancias.
c) En efecto, tras la comparación de los precios de los vehículos surge una diferencia de G. 139.900.000 por cada ambulancia ofertada por Rieder al IPS y a la Gobernación de Boquerón, en menos de un año (2011). Sí se observan algunas diferencias en las especificaciones técnicas entre ambas, lo que determina finalmente a la presente adquisición como más cara y sustancial.
d) No obstante, la diferencia antes citada entre ambas ambulancias, multiplicada por el total de 30 ambulancias adquiridas por el IPS, se tiene una diferencia de G. 4.197.000.000.
3) Por tanto, se recomienda a esta administración, estudiar la posibilidad de iniciar un sumario administrativo a los funcionarios del ente que participaron en la evaluación y adjudicación de las ofertas, a los efectos de deslindar responsabilidades civiles y penales; salvo que demuestren mediante un informe técnico que la diferencia de precio se halla plenamente justificada.
Esta es una de las graves irregularidades confirmadas por la Contraloría, en las licitaciones realizadas durante la gestión de Silva Facetti al frente del IPS, y que en su momento fueron denunciadas ante la Fiscalía de Delitos Económicos por los sindicatos Sifipsa y Sipradis del ente. El escrito fue firmado por los secretarios generales Genaro Azucas y Sergio Lovera Cañete, respectivamente.
La fiscala Victoria Acuña había solicitado la desestimación de la denuncia contra Silva Facetti, pero el juez Alcides Corbeta se opuso.
La fiscala adjunta Soledad Machuca, en representación de Fiscalía General rectificó el dictamen y dispuso que siga la investigación.
La semana pasada, en declaraciones a nuestro diario, la fiscal Acuña dijo que solicitó informes, de acuerdo a las instrucciones que le dio Machuca. Cuando se le consultó sobre los informes de Contraloría, señaló que los mismos se dieron a conocer luego de que haya solicitado la desestimación, pero que ahora se agregan a la carpeta de investigación fiscal.
DENUNCIA CASI SE BLANQUEÓ
La denuncia que presentaron dos sindicatos del IPS casi fue blanqueada. La fiscala Victoria Acuña había solicitado la desestimación. Sin embargo, el juez Alcides Corbeta se opuso y envió el caso a la Fiscalía General del Estado.
La fiscala adjunta Soledad Machuca rectificó el pedido de desestimación y dijo que la investigación debe continuar.
Sergio Lovera Cañete, del sindicato del IPS, había criticado el trabajo de Acuña, por intentar blanquear, según él, licitaciones amañadas por US$ 20 millones que comprometen al extitular del IPS y senador liberal Fernando Silva Facetti.
Así por ejemplo, según la rectificación de Machuca, Acuña debe constatar las denuncias que delatan una supuesta sobrefacturación en la licitación pública N° 611 para la contratación del servicio de seguridad privada para el IPS, el cual fue adjudicado a la firma Doram SACI por G. 31.275.263.214.
De igual manera, se debe investigar a profundidad la licitación pública N° 28/11 para la adquisición de vehículos para los servicios de salud del IPS, adjudicado a la firma Rieder SACI.
La siguiente denuncia tiene que ver con la licitación pública N° 44/12 para la contratación del servicio de limpieza e higienización del IPS, la cual fue adjudicada al consorcio Cevima por G. 26.623.661.076.
Otra denuncia es la relacionada con la licitación pública N° 52/12 para la adquisición de asientos tipo tándem para salas de espera del IPS, adjudicada por Resolución N° 63/003/12 del 7 de agosto de 2012 a la empresa que supuestamente realizó la oferta más cara. Igualmente está en la mira la licitación N° 06/12 para la adquisición de equipos visuales y audiovisuales para el IPS, adjudicada a la firma Parasoft por el monto de G. 679.297.793.
Más irregularidades en las subastas
La Contraloría igualmente encontró sobrefacturación en la licitación pública número 34/2012 “Adquisición de vehículos tipo minibús para el IPS”, adjudicada a la firma DAN & KAR SRL por G. 1.140.000.000 y a la empresa Drei Asociados SRL por G. 1.250.899.998. El monto de la subasta totalizó la suma de G. 2.390.899.998, IVA incluido.
El órgano contralor señala que en el momento de la adjudicación a la firma Drei la misma estaba inhabilitada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por el plazo de seis meses.
Según la Contraloría la adjudicación se debió hacer a Automotor, que presentó la segunda mejor oferta es fue de G. 1.281.999.999. Sin embargo, ganó la firma DREI cuya oferta fue de G. 1.250.899.998.
“Con respecto a Drei se hallan publicadas en la página web de la Dirección de Contrataciones Públicas distintas denuncias en procedimientos de contratación de otras entidades del Estado, que también fueron investigadas. En todos los casos se concluyó que las irregularidades denunciadas son susceptibles de sanción. Por tanto consta que se resolvió apercibir, amonestar e inhabilitar a la referida empresa”, dice la nota 0082 del 8 de enero de 2014, que el contralor general Rubén Velázquez Gadea envió al titular del IPS, Hugo Royg Aranda.
Por otro lado, con respecto a la adjudicación a Dran Kar se observó, según Contraloría, que la misma no presentó los documentos exigidos en las especificaciones técnicas de pliego de bases y condiciones, en lo que hace al mantenimiento y stock de repuestos.
“Se ha constatado igualmente que la copia de “Autorización del representante” expedida en idioma inglés, de fecha 15 de junio de 2012, solo tiene un sello ilegible y no se visualiza firma alguna.
Asimismo, en el último párrafo expresa que la autorización podrá ser efectiva hasta el 15 de junio de 2013. De este modo se desprende que la firma incumplió el punto 13 del PBC que señala que: la empresa ofertante deberá presentar documentos de presencia en el mercado nacional de 5 años como mínimo de ser representante oficial o distribuidor autorizado de la marca de vehículo ofertado, o autorización del fabricante para la distribución o venta de vehículos de la marca ofertada en el Paraguay por un periodo no menor a 5 años; teniendo en cuenta que la autorización del fabricante se expidió con 4 días de antelación a la apertura de sobres, además la autorización tiene validez solo por un año.
También se observó que la DAN & KAR presentó factura número 0000461 del 25 de setiembre de 2012 por G. 342.000.000, correspondiente al 30 por ciento del anticipo financiero.
La Contraloría destacó que el membrete de la factura emitida por la firma incluye los rubros de librería, mueblería, electrodomésticos, ferretería. Sin embargo, fue adjudicada para la compra de vehículos por valor de G. 1.140.000.000. De igual manera se observó que el certificado de cumplimiento con el seguro social de Dan Kar, indica que tiene como actividad principal la comercialización de neumáticos. Por tanto, se desprende que la empresa no tiene trayectoria en el rubro afectado al procedimiento de contratación.
El órgano contralor también encontró que Dan Kar incumplió con el plazo de entrega. Sin embargo, el IPS amplió el plazo de entrega para la entrega de solamente tres vehículos.
“El hecho es totalmente irregular teniendo en cuenta los antecedentes de la firma referente a servicios y mantenimiento y provisión de repuestos”, señaló la Contraloría que también advirtió una sobrefacturación en este caso.
La investigación para individualizar y sancionar penalmente a los involucrados en el hecho está a cargo de la fiscala Victoria Acuña, que debe impulsar el caso.
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