En setiembre pasado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dispuso la suspensión de los jueces, denunciados por el defensor del Pueblo Miguel Godoy, quien cuestionó a los jueces la baja pena que aplicaron al religioso, sentenciado a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena. La resolución de la CSJ dispone que los jueces percibirán el 50% de sus respectivas remuneraciones. Godoy sostuvo que el colegiado se arrogó funciones del derecho canónico al prohibir al sacerdote el ejercicio del voto sacerdotal y cuestionó la decisión de imponer como obligación la donación de G. 5 millones como reparación del daño, debido a que el sufrimiento de la víctima no tiene precio.