En los dos casos existían fuertes injerencias e incluso presiones. En el primero, se buscaba evitar la audiencia pública en la que se ventilará cómo funciona el sistema financiero del país. En el segundo, se quería impedir la imputación por el blanqueo de dinero sucio a las personas vinculadas a empresas ficticias y bancos, a través de los cuales se enviaron más de US$ 370 millones al exterior, solo en 2011, para el supuesto pago a proveedores de mercaderías.
En las dos investigaciones está detrás el poder económico, que en la mayoría de los casos somete a la justicia y la fiscalía a sus intereses. Sin embargo, esta vez el Ministerio Público tuvo una posición firme y pese a las presiones cumplió con su obligación constitucional de defender los intereses de la sociedad, como no ocurrió en varios otros casos que fueron alevosamente archivados, dejando así impunes a los peces gordos involucrados.
El mensaje fiscal por fin de año en ambos casos mencionados es alentador. Esperamos que en el 2013 avancen las investigaciones y se incluyan en el proceso penal a más integrantes de la asociación que lavó dinero.
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