Una elección ante la mira política... y de la ciudadanía

Mañana se elige al nuevo defensor general. La decisión recaerá en la Corte Suprema de Justicia.

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Hay tres candidatos para el cargo. La abogado Lorena Segovia, exministra de Justicia durante el gobierno de Federico Franco, el camarista de Asunción Pedro Mayor Martínez y el juez de J. Augusto Saldívar Leonardo Ledesma conforman la terna de candidatos.

Los tres no solo expusieron en audiencia pública ante el Consejo de la Magistratura sino ante la misma Corte Suprema de Justicia

Los que conocen a Lorena Segovia le atribuyen a su favor que tiene capacidad de gerenciamiento para manejar una institución que precisa de muñeca administrativa por lo compleja que es.

También tiene a su favor el apoyo político por parte del sector llanista del PLRA, que formó parte del pacto para que los colorados coloquen en la Corte a dos nuevos ministros.

Pero a la vez esta situación le puede jugar en contra porque su ingreso a la Defensoría General está condicionado por un sector político. Fue procesada por desvío de fondos pero luego sobreseída por la misma fiscalía que la había acusado.

Los que conocen al camarista Pedro Mayor Martínez señalan que tiene a su favor que conoce del trabajo de la Defensoría por su experiencia en el campo penal. Además su perfil de magistrado honesto e independiente lo hace una figura bien considerada ante la sociedad.

Además tiene comprometido el voto del ministro Manuel Ramírez Candia, quien así lo señaló públicamente.

En su contra está la falta de experiencia al frente de una institución, por lo que se desconoce su capacidad gerencial en una institución, más allá de encabezar una cruzada por mejoras para el gremio de los magistrados.

Y los que conocen a Ledesma resaltan su experiencia en el campo penal. Lo sitúan como una opción si es que ni Lorena Segovia ni Pedro Mayor Martínez logran el consenso en la Corte.

La Defensoría es una institución autónoma con presupuesto de 266 mil millones de guaraníes. Cuenta con 330 defensores activos y falta nominar unos 50 aproximadamente.

Además tiene 2.010 funcionarios en todo el país y falta nombrar y contratar gran cantidad aún conforme al presupuesto.

Las cifras demuestran la relevancia de una institución que creció enormemente y cuyos componentes tienen un alto compromiso con la sociedad ya que trabajan directamente con ella en los ámbitos penal, civil y de la niñez, sobre todo en los casos de las personas que no puedan sostener el pago de un abogado particular y de aquellos menores de edad que necesitan representación para la protección de sus derechos.

El Ministerio de la Defensa Pública no debería ser un coto político, más allá de que el liberalismo lo reivindique y el coloradismo lo acepte porque también tiene el mismo criterio para tener mayoría en la Corte y sostener una representación del Ministerio Público.

En el ámbito político se da por descontado que los ministros –sobre todo los nuevos– respetarán el pacto azulgrana, lo que implica el apoyo para Lorena Segovia, aunque no dejó de llamar la atención que Manuel Ramírez Cania, ministro proveniente de las filas del liberalismo, adelantó su voto por Mayor Martínez. La elección se dará en circunstancias especiales porque será televisada, lo cual permitirá conocer los fundamentos y tal vez el sentido de los votos, si deciden hacerlo a viva voz.

Una apuesta muy grande de la Justicia que estará no solo bajo la lupa de los políticos, sino de toda la ciudadanía.

ocaceres@abc.com.py

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