En el rango medio figuran Colombia con el 0.86 por ciento del PIB (dato de 2011), Argentina (0.88%), Estados Unidos (0.88%) y Paraguay (1.06%). Los países que menos asigna recursos a la justicia son Perú (0.52% del PIB), Chile (0.48%); México (0.45%) y Uruguay (0.43%).
Eficiencia
En cuanto al tema de la eficiencia de la justicia, se usaron indicadores agregados, dada la dificultad de llegar al nivel microgerencial: i) jueces y empleados del sector justicia por cada 100.000 habitantes; y II ) variables “resultado” tales como procesos pendientes.
Una forma (implícita) de medir la eficiencia de esos jueces y empleados es ver el cúmulo de procesos que están pendientes de evacuación por parte del sistema judicial.
Con base en datos de 2008-2010 México (127), Estados Unidos (686) y Paraguay 1.121, que figuraban con menor procesos pendientes de evacuación por cada 100.000 habitantes.
“Interpretar estas cifras es complejo, pues pueden estar reflejando una baja oferta en la calidad de la justicia y, por lo tanto, una baja demanda por ella, como seguramente es el caso de México. Sin embargo, sabemos que los casos de Estados Unidos y Paraguay se adoptaron importantes tratamientos de choque-eficiencia durante 2006-20011, lo cual explica el menor represamiento de procesos en términos relativos”, enfatiza la publicación internacional.
Análisis costo-eficiencia
Costa Rica y Paraguay aparecen más altos en el cuadrante de elevado gasto y alto número de jueces.
“La mayor eficiencia la muestran México y Argentina; mientras que Estados Unidos y Paraguay asignan partidas importantes, pero al menos se ubican en el plano de pocos procesos acumulados”, señala la revista.
Conclusión
“El principal mensaje que se puede extraer es que no necesariamente quienes gastan más son los que más progresan en eficiencia operativa de la justicia”, refiere Carta Financiera.
En un extremo encontramos los casos favorables de Uruguay y Paraguay, con gastos por debajo de la media y ejecutorias por encima de la media (bajos procesos acumulados).
En el extremo desfavorable aparece Brasil, con elevado gasto, abultada burocracia (pocos jueces) y exorbitante número de procesos acumulados. “El caso de México es complicado de interpretar, pues muestra bajas asignaciones presupuestables y poca oferta-demanda por justicia, lo cual seguramente refleja que muchos de sus ciudadanos han decidido aplicar la “justicia por su mano”, agrega.
Colombia en cambio se ubica en la gran mayoría de esos indicadores en un plano intermedio de gasto y de número de jueces-empleados, pero con muy mal desempeño en evacuación de procesos, al lado de Brasil.