Volver a la libertad

Fernando López Benítez, sin antecedentes, se presentaba ante la secretaría de la jueza penal de garantías Lici Sánchez, acompañado del otro acusado en la causa, Rodolfo Gabriel Paredes. En ese lugar se debía realizar la audiencia preliminar por el proceso que ambos afrontan por hurto agravado.

En una de las salas del juzgado se encontraban presentes, aparte de los reclusos, el defensor público Delio Vera, el fiscal Alberto Antonio González, un guardiacárcel y la dactilógrafa. En un descuido, según la denuncia, López tomó un cargador de teléfono celular que se encontraba conectado en una zapatilla, en el mismo momento en que estaba siendo condenado a dos años de pena privativa de libertad por hurto agravado.

Evidentemente, los primeros que surgieron como sospechosos del hecho fueron los que minutos antes estaban siendo condenados por haber robado objetos de tres vehículos, en octubre del 2016. Cuando se percataron del hecho, ambos se encontraban en el retén aguardando ser remitidos al penal de Tacumbú.

Fueron objeto de inspección por parte de los guardias y uno de ellos halló el cargador hurtado en el bolsillo de Fernando López, quien reconoció ante la misma magistrada haber sustraído el objeto. La jueza le recriminó por lo acontecido y comunicó lo sucedido a las autoridades del penal y al jefe de seguridad del Poder Judicial.

Además envió un oficio al Juzgado de Ejecución para tener como antecedente, en caso de un pedido de suspensión a prueba de la ejecución de la pena o un solicitud de libertad condicional.

Más allá de ser un hecho jocoso y bastante comentado en las redes sociales, una vez más saca a relucir la problemática existente en los penales de nuestro país, la falta de verdaderas políticas de reinserción de las personas condenadas. 

“Cuatro de cada 10 personas que recuperan su libertad vuelven a delinquir”, había manifestado en su momento Mario Elizeche, director de auditoría de gestión jurisdiccional de la Corte. 

Según un informe de diciembre del 2016 realizado por Mecanismo de Prevención contra la tortura, existen 13.191 reclusos en el país, para una capacidad edilicia de 6.643 internos, de los cuales 3.188 son condenados y 9.967 tienen procesos, lo que demuestra el hacinamiento existente en los diferentes penales del país. 

Es evidente que algo no está funcionando en los programas que son implementados para la reinserción, la mayoría de los que logran su libertad, al otro día vuelven a delinquir y como ejemplos, aparte del citado, tenemos varios.

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