“Cualquier captura de datos es potencialmente una interferencia con la privacidad, sin tener en cuenta si estos datos posteriormente van a ser consultados o usados”, agregó.
Pillay presentó un informe elaborado durante más de un año en el que se examinan las legislaciones nacionales e internacionales existentes, decisiones judiciales y las respuestas ofrecidas por los Estados a un cuestionario elaborado por su oficina. El informe, titulado “El derecho a la privacidad en la era digital” alerta de que las prácticas abusivas “son un hábito más que una medida excepcional”, y que en la mayoría de los Estados hay una falta de legislación nacional que controle estos procesos. “En algunos casos esas prácticas incluyen coerciones de facto a compañías privadas para proveer acceso a información y datos de individuos privados sin el conocimiento ni consentimiento de la personas afectadas”, señaló Pillay.