Dimensiones de las normas de convivencia
Antes de comprender cómo se elaboran las normas de convivencia es necesario reconocer que estas constituyen mucho más que un conjunto de reglas destinadas a regular el comportamiento de los integrantes de una institución educativa. De acuerdo con la Guía para la Elaboración Participativa de Normas de Convivencia en Instituciones Educativas del Paraguay, aprobada por la Resolución MEC N.° 5766/15, las normas de convivencia son un instrumento de gestión con carácter eminentemente formativo, orientado a promover relaciones basadas en el respeto, la participación democrática, la inclusión y la protección de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. Su elaboración debe responder a un proceso participativo y reflexivo, coherente con el Proyecto Educativo Institucional y con el marco jurídico nacional e internacional vigente.
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El punto de partida para la construcción de estas normas es el reconocimiento de los derechos fundamentales que deben orientar toda decisión institucional. La guía enfatiza que los derechos humanos poseen tres principios rectores: la universalidad, que garantiza los mismos derechos para todas las personas sin distinción; la interdependencia e indivisibilidad, que reconoce que todos los derechos se complementan y tienen igual importancia; y la igualdad y no discriminación, que prohíbe cualquier forma de exclusión por razones de sexo, edad, etnia, condición social, discapacidad, religión o cualquier otra característica. En el ámbito educativo cobra especial relevancia el principio del interés superior del niño y del adolescente, que obliga a las instituciones a priorizar su protección, bienestar y desarrollo integral en todas las decisiones que adopten.
A partir de estos principios, toda norma de convivencia debe garantizar aspectos esenciales como la inclusión, la participación legítima de todos los estamentos de la comunidad educativa, la libre expresión de ideas, el trato digno y respetuoso, el derecho a ser escuchado, la aplicación de medidas proporcionales frente a las faltas y el respeto irrestricto del debido proceso. Esto significa que las medidas adoptadas ante una situación de conflicto no deben tener un carácter meramente sancionador, sino educativo, favoreciendo la reflexión, la reparación y el aprendizaje de conductas responsables. Asimismo, cualquier procedimiento disciplinario debe respetar el derecho de defensa, la confidencialidad cuando corresponda y la valoración del contexto en el que ocurre cada situación.
La elaboración, revisión y difusión de las normas de convivencia también deben responder a criterios claramente definidos. En primer lugar, es indispensable realizar un análisis socio pedagógico de la realidad institucional para identificar los principales conflictos, las características del clima escolar y las necesidades de la comunidad educativa. Asimismo, las normas deben ajustarse plenamente a la legislación vigente, guardar coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y adecuarse a las diferentes etapas del desarrollo de niños, adolescentes y adultos. Deben redactarse en un lenguaje claro, preciso y comprensible, describiendo las conductas esperadas, los procedimientos para el tratamiento de las faltas y las medidas aplicables según su gravedad. Del mismo modo, deben considerar las características socioculturales de cada institución, prever mecanismos para su actualización y ser conocidas, comprendidas y aprobadas por todos los integrantes de la comunidad educativa mediante estrategias eficaces de difusión.
Fuentes:
- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.
- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.