En el Paraguay, la motocicleta no constituye un bien suntuario, sino una herramienta esencial de trabajo y movilidad. Miles de familias (60% de los hogares paraguayos) la utilizan para acceder a sus empleos, trasladarse a centros educativos, prestar servicios de entrega o desarrollar actividades productivas, especialmente en zonas donde el transporte público es limitado o inexistente. Cualquier incremento significativo en los costos asociados a su formalización impacta directamente en la economía de los hogares, en particular en aquellos de ingresos medios y bajos.
El esquema impuesto implica un aumento considerable en el desembolso inmediato al momento de la entrega del vehículo. Esto no solo supone una barrera para la legalización y el registro, con el riesgo de desalentar la formalidad, sino que también amenaza con una contracción en la demanda. Tal escenario impactará inevitablemente en el empleo del sector industrial y comercial, aproximadamente entre 5.000 puestos directos y 10.000 puestos indirectos, pudiendo derivar en la paralización de líneas de producción, el cierre de plantas fabriles y concesionarias.
El sector reafirma su compromiso con la formalización, la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente, y manifiesta su plena disposición al diálogo con las autoridades competentes. Solicitamos al Poder Ejecutivo su intermediación para analizar alternativas que resguarden el interés público, la sostenibilidad del empleo, la actividad productiva y económica nacional.
CIPAMA