Señor Presidente:
Soy Dario Antonio Silva Junior, ciudadano de los Estados Unidos de América, y traje al Paraguay el negocio del Tirzepatida, puse la fórmula, el capital y el mercado, y se los confié a INDUFAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. bajo acuerdo de confidencialidad.
Cuando el negocio floreció me cortaron el suministro y siguieron vendiendo por sus farmacias en Ciudad del Este, que las crearon a nombre de sus hijos y de un yerno, según los informes que ya tiene la Fiscalía.
No es mi palabra contra la de ellos. El Ministerio Público imputó a los directores de INDUFAR, Oscar Humberto Simón Palmerola y Cynthia Montserrat Ríos Villagra, y a sus ejecutivos Dario Alejandro Zanin y José Luis Rodríguez Paredes, por estafa, lesión de confianza y asociación criminal, y el Juzgado Penal de Garantías N° 6 de Ciudad del Este admitió esa imputación.
Y cuando la jueza Victoriana Cáceres les ordenó entregar 150.000 cajas por mes, INDUFAR puso a disposición 500 unidades, quinientas, y la recusaron, el expediente pasó al juez Juan Pereira, que en tiempo récord se inhibió por su amistad con el abogado Kriskovich, y cayó en manos de la jueza Gabriela Noemí Ramírez Morínigo, quien abusando de su posición de magistrada, salteó todas las disposiciones legales y procesales para perjudicarme.
LO QUE PASÓ EL 10 DE AGOSTO
Ramírez Morínigo asumió el expediente el 6 de agosto y su competencia recién quedaba firme el día 12 de agosto a las nueve de la mañana. No esperó, ya que el 10 de agosto, a las 07:00:00, en el primer minuto hábil del día, llamó autos para resolver la caducidad de mis medidas, y ese mismo día y hora firmó el A.I. N° 621 dejándolas sin efecto y libró el Oficio N° 290 a Vigilancia Sanitaria para ejecutarlo, sin notificación y sin que estuviera firme. Todo lo hizo a la misma hora, sin escucharme jamás, salteó cinco pasos legales obligatorios: el traslado, el informe de la actuaria, la firmeza de su propia competencia, los recursos que INDUFAR tenía pendientes y la espera previa a ejecutar. Ninguno de esos cinco atajos perjudicó a INDUFAR; los cinco me perjudicaron a mí. Un error se equivoca para cualquier lado; esto apuntó siempre para el mismo, obviamente esto estaba todo arreglado y preparado de antemano.
SEÑOR PRESIDENTE SANTIAGO PEÑA, ESTO DAÑA LA IMAGEN DEL PARAGUAY
Usted recorre el mundo con la bandera de la seguridad jurídica y yo le creí, pues traje mi capital, produje acá, pagué impuestos y cumplí. Y esto es lo que encuentra el inversor que le cree; una empresa que se queda con la tecnología y el mercado de su socio extranjero, una imputación penal admitida que no la detiene, una orden judicial contestada con 500 cajas de 150.000, y una jueza que en una hora borra la protección que ya le había dado un tribunal. Su discurso de afuera no sobrevive un segundo, frente a lo que hizo la jueza Gabriela Ramírez en Ciudad del Este, ya que mientras usted invita a invertir, acá se le enseña al inversor que un contrato firmado, y la orden de un juez valen menos que una amistad en el juzgado.
HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS LEGALES
Por la actuación ilegal y criminal de la jueza Gabriela Noemí Ramírez Morínigo, voy a llegar hasta las últimas consecuencias legales. Ya presenté la denuncia penal por prevaricato y otros hechos punibles ante la Fiscalía General del Estado, y siguen la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la queja ante la Superintendencia General de Justicia y el reclamo de la reparación del daño. La Embajada de los Estados Unidos de América ya conoce el caso, y también lo van a conocer los organismos de mi país que se ocupan de la corrupción transnacional, porque las leyes americanas amparan al ciudadano americano donde sea que invierta y las voy a hacer valer, aunque la vida me vaya en ello.
Señor Presidente de la Corte, no pido un fallo a mi favor ni un privilegio como el que le concedió la Jueza Ramírez a INDUFAR, pido justicia, y que en el Paraguay se cumpla la ley; y para eso, al Sr. Presidente le pido tres cosas concretas:
Primero, que se investigue si la decisión fue coordinada desde dentro del propio fuero civil y comercial de Ciudad del Este, por gente que puede influir en la magistrada, que es lo que la ley llama tráfico de influencias.
Segundo, que la jueza explique su tren de vida, pues la misma, cambia de vehículos de alta gama, así como cambia de ropas de marca, vive en un departamento de lujo y viaja por el mundo como magnate, un nivel de vida millonario que ningún sueldo del Poder Judicial paga; no digo que sea ilícito, digo que lo explique, y para eso pido la revisión de sus declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la República.
Tercero, que los organismos de control de la Corte Suprema de Justicia, en especial la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional y la Superintendencia General de Justicia, auditen el Expediente N° 210/2026 y el desempeño del juzgado a cargo de la jueza Gabriela Noemí Ramírez Morínigo, incluyendo los horarios y los plazos de cada providencia, el orden real en que se movieron las actuaciones, el trámite dado a los recursos que estaban pendientes y la salida del Oficio N° 290; con el sistema informático de seguimiento de causas a la vista, una auditoría muestra en minutos si lo del 10 de agosto a las 07:00 fue algo preparado el fin de semana, y por eso la pido con acceso al expediente físico, al digital y a los registros de carga del juzgado.
Con el debido respeto, me despido del Sr. Presidente, los demás Ministros, y será justicia.
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DARIO ANTONIO SILVA JUNIOR
Ciudadano de los Estados Unidos de América, pasaporte N.° C25307759
Representante legal de BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A.
Ciudad del Este, 12 de agosto de 2026
Todo lo aquí expuesto consta en el Acta de Imputación N.° 37/26, causa N.° 001.709/2026, y en los A.I. N° 538, N° 541 y N° 621 y el Oficio N° 290 del Expediente N° 210/2026.