Este decreto impone a las plataformas extrajeras las mismas reglas de producción cinematográficas que los servicios audiovisuales con sede en Francia, según aclaró la ministra francesa de Cultura, Roselyne Bachelot, en un comunicado.

"Deberán consagrar al menos el 20 % de la facturación que realizan en Francia a la financiación de la producción de obras cinematográficas y audiovisuales europeas o en francés", indicó.

Este porcentaje aumentará hasta el 25 % para los servicios que propongan películas que hayan sido estrenadas en salas en los últimos doce meses.

En contrapartida a esta imposición, el Gobierno francés ha negociado con las plataformas para que puedan difundir películas estrenadas recientemente, cuando hasta ahora deben esperar 36 meses tras el estreno.

La norma incluye cláusulas de diversidad para evitar que la contribución se centre en grandes obras de amplio presupuesto y permita financiar las producciones independientes.

El decreto forma parte de una reforma general del sector audiovisual que busca equilibrar la inversión de los diferentes actores y propiciar la financiación de creaciones locales y europeas.

En octubre de 2020, cuando anunció la medida, Bachelot comparó la importancia de esta norma con la ley sobre la venta de libros de 1981, que, para proteger a los pequeños libreros ante la expansión de las grandes superficies, fijó un precio único en todo el país con una posibilidad de descuento máxima del 5 %.