La Corte Suprema de Justicia había suspendido la actividad judicial en Alto Paraná hasta el próximo 1 de julio, luego de que se detectaran más de 100 casos positivos de COVID-19 en la cárcel regional de Ciudad del Este. Entre los contagiados se encuentran funcionarios penitenciarios que acudieron a las sedes judiciales penales.
Amambay Ferreira, presidenta de la Orden de Abogados del Paraguay-filial Alto Paraná, cuestionó la decisión de la máxima instancia judicial y sostuvo que la determinación fue adoptada sin conocer el contexto regional.
La letrada refirió que no era necesaria la suspensión total de la actividad judicial, sino que podría ser dispuesta sólo en el fuero afectado: las sedes penales.”El fuero civil y comercial, laboral y de la niñez funcionan aparte. Incluso tienen edificios en distintos lugares”, reforzó.
Ferreira remarcó que los abogados necesitan trabajar para llevar el pan de cada día a su hogar. “No tenemos un cajero automático que cada fin de mes nos habilita a retirar un sueldo”, agregó.
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Los manifestantes pidieron que los funcionarios que tuvieron contacto con personas infectadas sean examinados.
Los abogados se concentraron frente al Palacio de Justicia, desde donde partirán en caravana hacia varias avenidas de la ciudad para exigir la reapertura parcial de las oficiales judiciales. Los manifestantes se dirigirán hasta el Tribunal Penal y la protesta terminará frente a la Fiscalía.