“El esfuerzo de la comunidad se refleja con la esperanza de que sus hijos puedan formarse en las universidades y tener oportunidad de trabajo en su propia comunidad y hoy se ve amenazada por la actitud mezquina de la ministra encargada de la Circunscripción que, incentivada seguramente por otros intereses privados, intenta arrebatarnos sin fundamentos válidos del derecho adquirido de contar con las sedes de los juzgados que hemos logrado con sacrificio y esfuerzo de toda la comunidad”, reza una parte del manifiesto.

Las autoridades distritales resaltaron que en 2010 la Comuna había donado seis terrenos, valuados en casi G. 1.000 millones, para la construcción de la sede judicial. Además, dispusieron de G. 200 millones para la obra.

El eventual traslado de los juzgados también preocupa a los justiciables de Raúl Peña y Ñacunday debido a que se alargaría la distancia entre su domicilio y la sede judicial.

Las autoridades municipales de Iruña, encabezadas por el intendente Justo Gamarra (ANR) y la fiscala María del Carmen Meza, remitieron una nota al presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, para solicitar que los juzgados se mantengan en el distrito.

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