Durante la sesión ordinaria convocada ayer en la Junta Municipal, una mayoría de concejales aprobó una resolución para solicitar al ejecutivo municipal la suspensión de un operativo de recuperación de un espacio público en el microcentro de Ciudad del Este. Se trata de la vereda frente al edificio Lai Lai Center, sobre la avenida Adrián Jara, donde fueron construidas casillas de forma irregular.

Según los antecedentes, en febrero de 2019, cuando fungió de intendente por tres días, “Kelembu” dispuso la construcción de 57 casillas en la vereda en uno de los sectores más cotizados del circuito comercial de Ciudad del Este. Además, adjudicó los locales a sus familiares Samuel Miranda (hijo), Elizardo Bogado Pavón (hermano), Ismael López Rodas (yerno) y Sonia Aquino López (ahijada). También a parientes de su esposa Rosalina Cubas (concejala suplente): Froilán Sosa Cubas, Darío Bareiro Cubas, Emilio Cubas González, Gregorio Cubas Rojas, Sixta Brizuela de Cubas y Reina Cubas Brizuela.

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La mayoría de los adjudicados nunca fueron mesiteros y algunos lucraban con el alquiler de las casillas, como Elizardo Bogado Pavón, aunque 26 eran mesiteros antiguos que quedaron sin puestos durante el reordenamiento del microcentro y se baraja la posibilidad de ser reubicados.

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La División de Fiscalización de la Comuna, a cargo de Javier Miranda, emplazó el martes pasado a los ocupantes a despejar el espacio público. El plazo venció este mediodía, pero el operativo de recuperación de la vereda quedó suspendido por pedido de los concejales.

La maniobra para trabar el operativo fue apoyada por Lilian González de Aguinagalde (ANR, cartista), Miguel Coronel (ANR, cartista), Perla Rodríguez (ANR, cartista), Neri Chávez (ANR, cartista), Javier Bernal (PLRA, llanista), Teodoro Mercado (PLRA, efrainista), María Portillo (PLRA, efrainista), Herminio Corvalán y Hugo Benítez (MCDE).

La ordenanza N° 35/2002, vigente al momento de la construcción irregular de las casillas, establece la prohibición de instalar nuevas casillas, mesa, cajas metálicas y salones en los espacios públicos.

En diciembre de 2019, los concejales aprobaron la ordenanza 31/2019, por la cual se modifica la ordenanza 35/2002. No obstante, se mantiene la prohibición de instalar nuevos puestos de ventas en espacios públicos.

En un discurso populista frente a los ocupantes, la concejala González de Aguinagalde instó a los casilleros a “tirar por la cara de los funcionarios” la ordenanza 31/2019, al alegar que prohibición de instalar nuevos puestos contenida en la referida norma no les afecta porque fue aprobada después de la construcción.

Sin embargo, la edil colorada ignoró que la prohibición ya existía desde 2002 en una ordenanza que coincidentemente fue firmada por su esposo Nelson Aguinagalde.