Los procesados en la causa son los policías Fredy Miguel Villalba Ramírez (38), Santiago Acosta (37), Carlos Sanabria Paredes (32) y Alfredo Mendoza Said (37), además del polémico abogado José Gil López y el taxista Bienvenido Acosta.
A través de chicanas, los imputados apartaron de la investigación a la fiscala Vanesa Candia, quien había tramitado importantes diligencias que incriminan a los denunciados. Los procesados alegaron una supuesta falta de objetividad de la agente.
La carpeta pasó a la unidad fiscal de Lolia Zunilda Martínez, que a su vez se inhibió del caso ya que tiene causales de excusación con el abogado imputado.
La tarea investigativa será derivada a la oficina de la fiscala Zunilda Ocampos.
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Antecedentes
El atraco se produjo el 15 de diciembre de 2019, en el Área 1 de Ciudad del Este, y la víctima fue el brasileño Roger Ruiz Ramos.
Los policías soportan cargos por robo agravado y privación de libertad y están con prisión preventiva, mientras que el abogado Gil López, conocido por defender a invasores, es indagado por producción de documento público de contenido falso y frustración a la persecución penal, y el taxista está procesado por frustración a la persecución penal y omisión de avisar un hecho punible.
Según la denuncia, los policías procesados demoraron a la víctima en una barrera de control en el viaducto del km 337,5 (ex km 5,5), tras detectar que transportaba en un taxi una mochila que contenía R$ 250.000. En vez de trasladarse a la comisaría para el procedimiento de rigor, los policías llevaron en una patrullera al extranjero en una zona boscosa, detrás del Club Social del Área 1.
Siempre según la denuncia, los agentes armados despojaron de R$ 125.000, unos G. 158 millones al cambio actual, a la víctima y posteriormente la alzaron en un taxi con orden de traslado hasta Brasil.
Al inicio de la investigación, los efectivos policiales negaron el hecho y quedaron en libertad por casi un año, ya que solo tenían en su contra el relato de la víctima, pero la fiscala Candia realizó diligencias claves como la revisión de las cámaras del sistema 911 y solicitó varios informes a empresas de telefonía hasta reunir los indicios incriminatorios contra los efectivos procesados.
La patrullera en que se desplazaban los policías y la víctima fue filmada en la zona boscosa donde se habría producido el robo. También se registró cuando el afectado fue alzado a un taxi conducido por Bienvenido Acosta, mientras que las cámaras de la Aduana evidenciaron que el taxista cruzó la frontera.
Entretanto, el informe técnico sobre localización de los teléfonos de los agentes coincide con los desplazamientos enunciados en la denuncia.
La investigación también reveló que el abogado Gil López y el taxista Acosta intentaron encubrir a los supuestos polibandis.
El trabajador del volante se comunicó por teléfono 21 veces con el policía Santiago Acosta, mientras la víctima seguía privada de su libertad, y habría cobrado R$ 1.000 (unos G. 1.300.000) del dinero robado por un servicio de transporte de seis kilómetros.
En tanto que el abogado Gil López fungió de asesor y acompañó a la víctima a presentar la denuncia en la Comisaría 7ª. Sin embargo, posteriormente reapareció solo en la sede policial y, a espaldas de su cliente, quiso retirar la denuncia.
El informe técnico de las telefonías indica que, antes de intentar retirar la denuncia, el abogado Gil López mantuvo cinco comunicaciones telefónicas y un encuentro con el policía Fredy Villalba, por lo que se sospecha que ambos habrían pactado para dejar impune el rapto y robo al brasileño.