Un contingente policial conformado por antimotines, montada y de orden y seguridad fue desplegado en el lugar para dar cumplimiento a la orden judicial de desahucio. La propiedad pertenece a Ismail Ali Tarbine, pero en el momento de la intervención también se presentaron otros tres propietarios.

La fiscala Denice Duarte y la jueza Karina Frutos encabezaron el procedimiento. Los ocupantes acusaron a dos dirigentes -Demetrio Otazú y Antonio “Pukú”- de engañarlos, cobrándoles dinero a cambio de la ocupación. También sindicaron a concejales municipales de esta ciudad de estar detrás del operativo.

Sindulfo Brítez dijo que lo había adquirido de Andrés Bogado y que él mismo había autorizado a los ocupantes de la propiedad. Afirmó que lo adquirió en 2011, pero ahora el proceso fue impulsado por Tarbine, quien habría presentado un título de propiedad y dijo que por casi dos años invadieron su inmueble.

La fiscala Duarte explicó que Tarbine es el único que presentó los documentos de que la propiedad fue registrada a su nombre en la Dirección Nacional de Registros Públicos, por lo que todos los que no tenían documentos debían abandonar el lugar.

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