La abogada Liz Alfonzo, propietaria de un inmueble de siete hectáreas –que se encuentra invadido desde hace tres años–, lamentó el desinterés de la Policía en cumplir una resolución firmada por la jueza Emilce Giménez, por la cual se ordena la expulsión de los invasores del predio.

El operativo de desalojo estaba previsto para este jueves y se notificó al Indi, al Indert, a la Codeni y a otras instituciones involucradas en el procedimiento. Pero desde la Asesoría Jurídica comunicaron a la afectada que el operativo no sería realizado.

Inicialmente la propiedad fue invadida por unos 150 indígenas quienes reclamaron las tierras como parte de una finca de 1.364 hectáreas compradas por el Indi durante la gestión de Margarita Mbywangi, pero la finca solo existe en los papeles. El caso fue denunciado en la Fiscalía.

Al conocer la compra de las tierras fantasmas, la mayoría de los nativos abandonaron el lugar. Aunque unos 40 aborígenes azuzados por la instigadora social María Isabel Díaz Goncalves mantienen sus campamentos en el inmueble.

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El oficial de justicia Wilfrido Prieto recordó que desde la Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía le indicaron que los ocupantes también alegaban la titularidad de la propiedad, por lo que el operativo de desalojo no sería efectuado. Sin embargo, la propiedad del inmueble fue discutida hasta en la Corte Suprema de Justicia y finalmente se dio razón a la abogada Alfonzo.

La afectada denunció que el procedimiento fue suspendido por presiones políticas y responsabilizó al senador Fulgencio “Kencho” Rodríguez (FG). Anunció que accionarán también contra el legislador.

Otros propietarios de inmuebles invadidos u hostigados con ocupaciones ilegales también participaron de la manifestación y exigieron a las autoridades policiales el acatamiento de las resoluciones judiciales.