A través del A.I. 212, la jueza Garcete Urunaga elevó a juicio oral y público la causa N° 1.639/2020 caratulada “Ministerio Público c/ Wilson Miguel Scappini Villalba s/ supuesto hecho punible contra la vida (homicidio doloso)”.
La decisión judicial coincide con el requerimiento de la fiscala Natalia Montanía, quien acusó al exguardia por homicidio en grado agravado al sostener que Scappini Villalba perpetró el crimen con alevosía.
El asesinato se produjo el 27 de junio de 2020 en el predio del Poder Judicial, ubicado en el barrio San Antonio de Hernandarias.
Según el escrito de acusación, alrededor de las 15:07, el guardia de turno Scappini Villalba subió hasta el segundo piso del edificio para atacar a la jueza civil Mereles Duarte, quien se retiraba de su despacho. En el pasillo, el ahora acusado agarró un extintor colgado en la pared y sin mediar palabras aplicó golpes en la cara a la víctima.
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A raíz de las primeras agresiones, la magistrada cayó por las escaleras hasta llegar al entrepiso del primer nivel, donde forcejeó con Scappini. En ese momento se accionó el extintor, cuyo polvo se esparció por la escalera.
En la planta baja, la víctima llegó a pedir a gritos auxilio, pero rápidamente fue acallada con un cable en el cuello. Luego, el presunto agresor se apoderó de una piedra, con la que produjo los golpes letales en la cabeza de la magistrada.
Tras el crimen, el sospechoso cambió de vestimenta, se apropió de US$ 300 guardados en la cartera de la jueza y se escapó del lugar.
Como trasfondo del asesinato, la fiscala Montanía sostuvo que el acusado estuvo drogado y ebrio en su puesto de trabajo y temía ser denunciado por la víctima, por lo que silenció para siempre a la testigo. El ex funcionario judicial sufría adicción a las drogas; además, registraba dos sumarios: uno por llegada tardía y otro por supuesto hurto de expediente.
El Ministerio Público ofreció una serie de pruebas para sostener la acusación: desde declaraciones testificales hasta filmaciones de circuito cerrado. Incluso, se pidió el dictamen de psiquiatras, por lo que se presume que el exguardia se expondría también a medidas de seguridad.