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Los procesados son Gloria María Verónica Samudio Aguirre, Félix Ariel Fleitas Cuttier, Guido Arévalos Núñez, Eduardo Aguilera Tippetti, Bella Gloria Arias de Samudio, Carlos Alberto Samudio, Mabel Vázquez y Lisse Liliana Samudio de Fariña, quienes soportan cargos por estafa y producción de documentos no auténticos.
La imputación fue a raíz de una denuncia presentada por los directivos de la empresa Sermed SA, dedicada al rubro de seguro médico que integran varios sanatorios privados de la zona, entre ellos Clinic Center, cuyo presidente es Lise Samudio de Fariña.
Entre los beneficios, los asegurados de Sermed pueden acudir a consultas, laboratorios clínicos, urgencias, cirugías, estudios de diagnósticos, internaciones y todos los servicios del ramo que ofrecen los diferentes sanatorios nucleados al sistema seguro privado.
En ese sentido, todos los servicios de Clinic Center se liquidaban en forma mensual por la firma Sermed, conforme a las planillas de atenciones a los asegurados y luego se facturaban, pagándose en su totalidad. Este trámite se efectuaba en forma normal, hasta que a mediados del 2018, específicamente el 13 de julio, el asegurado Marlon Goncalves detectó una grave irregularidad.
El asegurado dijo que al acudir a un sanatorio privado para una consulta de su esposa Madalena Barros Goncalves, los responsables del local le manifestaron que la mujer no tenía cobertura porque figuraba en el sistema que se encontraba supuestamente internada. Esta situación llamó la atención del titular del seguro, ya que tenía la certeza de que su esposa nunca estuvo hospitalizada, por lo que inmediatamente realizó el reclamo correspondiente ante la aseguradora.
La denuncia del usuario sirvió de base para una auditoría interna ordenada por los directivos de la Sermed y mediante la pesquisa pudieron constatar que en ese momento varias personas supuestamente estaban internadas, entre quienes figuran Marlon Alberto Goncalves, Lelio Esteban Arévalo, Nelson Ramón Cabrera, Nancy Estela Martínez Paredes, Francisco Javier Santacruz, Lelis Carmen Candia Orzusa y César Ariel Mendoza Da silva.
Sin embargo, los afectados declararon que no utilizaron los servicios de internación en ningún momento, por lo que los responsables de la empresa de seguro médico radicaron la denuncia en el Ministerio Público. Durante la investigación se detectó la supuesta implicancia de los médicos y directivos en los ilícitos mencionados, según reza un informe del Ministerio Público.
El fiscal solicitó al juzgado seis meses para concluir la investigación y propuso que se les otorguen medidas alternativas a la prisión a los procesados.