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La jueza penal de Garantías de Presidente Franco, Carina Frutos Recalde, se había apartado de la causa N° 143/2021 caratulada “M.P. C/ Mario Villalba S/ SUP.H.P. C/La vida (Homicidio doloso), luego de la intervención del abogado Barboza como defensor del supuesto responsable del crimen de Lisboa.
La magistrada franqueña alegó diferencias con Barboza a raíz de una denuncia que el profesional del derecho había presentado en su contra.
El expediente había pasado al despacho del juez Amílcar Marecos, quien impugnó la excusación de su colega Frutos Recalde.
A través del A.I. N° 135, de fecha 11 de mayo de 2021, el Tribunal de Apelaciones -compuesto por Marta Acosta Insfrán, Raúl Insaurralde y Mirian Brítez- confirmó a Frutos Recalde para seguir con el proceso abierto contra Villalba.
Los camaristas argumentaron que inicialmente la abogada Silvina Benítez actuó inicialmente en la causa como defensora del imputado y que posteriormente Barbozo se presentó como nuevo defensor. Los miembros del tribunal revisor recalcaron que el artículo 112 del Código Procesal Penal prohíbe a las partes designar un representante que tenga causal de inhibición respecto al magistrado, a excepción de la primera nominación realizada por el imputado.
Los jueces remarcaron que Barboza no fue el primer defensor de Villalba, por lo que su intervención debe ser rechazada por el juzgado. Además de ser ilegal la actuación de Villalba, es una práctica de chicana para embarrar el desarrollo del proceso.
El crimen
En la tarde del 15 de enero último, el abogado Efigenio Lisboa fue asesinado a balazos en un lavadero ubicado en el barrio San Sebastián de Presidente Franco. Allí llegaron los matones en un automóvil Toyota Premio, sin chapa, propiedad de Villalba.
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Uno de los criminales con tapabocas descendió del rodado y se acercó a la víctima con quien inició una conversación. En un momento dado, extrajo un arma de fuego y acribilló al profesional del derecho.
Tras el hecho, el asesino escapó en el automóvil conducido por un cómplice y en el que aparentemente estaban otras dos personas.
La fuga quedó registrada en un circuito cerrado instalado en las inmediaciones del lavadero. En la investigación, la Policía descubrió mediante otra cámara de seguridad que el mismo rodado circulaba con la chapa puesta a unos 1.000 metros del escenario del crimen.
Según los antecedentes, el imputado por el asesinato tiene en su prontuario una condena de diez años por un caso de narcotráfico originado tras el allanamiento de su granja en Hernandarias.