Quiñónez amplía poder de fiscal denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito

A través de la resolución N° 3.032, de fecha 27 de julio de 2021, Sandra Quiñónez Astigarraga designó a Humberto Rosetti Miranda para cumplir funciones como encargado de las unidades especializadas de contrabando y de delitos marcarios en Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú.

La máxima autoridad del Ministerio Público también nombró a Rosetti Miranda, mediante resolución N° 3.154, como encargado de las oficinas fiscales de delitos ambientales de Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú.

Ambas disposiciones entrarán en vigencia a partir de este lunes 9 de agosto e implicará que todos los fiscales ambientales y anticontrabando de los tres departamentos citados estarán bajo dirección de Rosetti Miranda. Actualmente, solo las unidades ordinarias de Alto Paraná e Itapúa se encuentran bajo competencia del fiscal Adjunto.

Rosetti Miranda fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a raíz de su meteórico crecimiento patrimonial. Cuando se inició como fiscal residía en un dúplex alquilado, pero después de cumplir funciones en la unidad de delitos marcarios y anticontrabando experimentó una asombrosa prosperidad y actualmente reside en una mansión ubicada en el Paraná Country Club.

Llamativamente omitió informar la cotizada propiedad en su declaración jurada de bienes presentada ante la Contraloría General de la República. Igualmente, se le atribuye a Rosetti Miranda una flota de lujosos vehículos y otros costosos inmuebles que estarían a nombre de testaferros.

Durante su gestión como fiscal anticontrabando, tuvo una dudosa actuación en el caso de la incautación de una megacarga de cigarrillos en Saltos del Guairá en febrero de 2020. No imputó a nadie, pese a que se sabía la identidad de los propietarios del cargamento preparado para su traslado a Brasil.

Más funciones a fiscala blanqueadora

La fiscala general Quiñónez Astigarraga igualmente premió a la fiscala blanqueadora Zunilda Ocampos Marín, pese a los cuestionamientos a su desempeño en Ciudad del Este y la desconfianza que genera en la ciudadanía.

Quiñónez creó una nueva oficina denominada “Unidad Especializada de Hechos Punibles Contra la Libertad de las Personas” en sustitución de la unidad Antisecuestro, que en la frontera del este está a cargo de Ocampos Marín.

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Con la nueva disposición, la fiscala Ocampos no solo está facultada para intervenir en caso de secuestro, sino también en casos de privación ilegal de libertad. Esta figura generalmente es atribuida a los delincuentes disfrazados de policías que demoran a ciudadanos para fines extorsivos.

Ocampos Marín tiene un historial de blanqueadora de agentes policiales y de políticos. Había pedido el archivo de una causa contra la ex intendenta Sandra McLeod de Zacarías, sin realizar todas las diligencias de investigación.

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La fiscala también pidió al juzgado impunidad para cuatro agentes de la comisaría 7ª de Ciudad del Este, imputados por un robo agravado a un extranjero. Además, tras ser acorralada por la crítica ciudadana, imputó solo por delitos leves a cuatro policías de la misma comisaría denunciados de supuestamente secuestrar a dos jóvenes.