Allanamientos revelan un gran esquema de contrabando a través de una transportadora

Un operativo interinstitucional anticontrabando desplegado en cuatro ciudades allanó ayer las sedes de la empresa Transportadora San Ignacio (TSI), lo que permitió detectar un gran esquema de venta y distribución de productos de contrabando. Se incautaron de prendas de vestir, zapatos y la base de datos de la empresa.

Uno de los allanamientos realizados por la comitiva interinstitucional anticontrabando.
Uno de los allanamientos realizados por la comitiva interinstitucional anticontrabando.

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La denuncia había sido realizada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y en el marco de la investigación se realizó una compra simulada desde la capital del país. Esto permitió a los investigadores detectar varias irregularidades en el proceso de entrega de las encomiendas que permitieron descubrir el esquema de contrabando.

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De acuerdo a los intervinientes, la transportadora enviaba las mercaderías sin declarar el contenido de las cajas y además no contaban con la nota de remisión ni las facturas, infringiendo normas básicas establecidas por el Estado para este tipo de trabajo.

Ante estas irregularidades, iniciaron una investigación que tuvo duración de cuatro meses que reveló todo un sistema para la distribución de productos de contrabando que previamente eran comercializados a través de las redes sociales por unas 1.000 personas.

Posteriormente, se solicitó sendos allanamientos de los locales de la transportadora ubicados en Ciudad del Este, Encarnación, San Lorenzo y Asunción. Además, intervinieron dos negocios denominados “Calzados Gonzalito” y “Dikar Calzados”, ambos situados en la capital esteña.

La comitiva decomisó decenas de cajas de calzados y prendas de vestir que presumiblemente fueron ingresados al país de contrabando desde el municipio brasileño de Foz de Yguazú. Además, se incautaron de varios documentos y almacenamiento del sistema operativo que serán analizados a fin de identificar a los eslabones que forman parte del esquema.

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Los procedimientos contaron con la participación del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA).

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