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Ahora amplían instituciones obligadas a combatir al contrabando

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
El Coordinador Ejecutivo de la UIC, Emilio Fuster (centro) durante un operativo anticontrabando.
El Coordinador Ejecutivo de la UIC, Emilio Fuster (centro) durante un operativo anticontrabando.

El Poder Ejecutivo amplió vía decreto de 8 a 17 instituciones estatales obligadas a colaborar con la Unidad Interinstitucional Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC). Se agrega una figura de “veedores ciudadanos”, por la cual pretenden que personas que no sean funcionarios públicos aporten datos para luchar contra este flagelo. También se establece la obligación de estas instituciones involucradas de presentar informes mensuales de procedimientos al Coordinador Ejecutivo, que actualmente es el ministro Emilio Fuster.

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Anteriormente eran ocho las instituciones que estaban subordinadas a la UIC: Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA).

Ahora se suman el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el Instituto Nacional de Normalización y Metrología (INTN) y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).

De 8 pasan a 17 las instituciones, pero también se faculta al Coordinador Ejecutivo involucrar a otras, si así lo requiere. Por su parte, estas instituciones están obligadas a reportar sus operativos al menos una vez al mes o cuando el ministro encargado lo requiera.

“Veedores ciudadanos”

Se crea además una figura denominada “veedores ciudadanos”, que pueden ser convocados por el Ministro Ejecutivo, y tendrán la facultad de “brindar información relevante” para el combate al contrabando, sugerir alternativas políticas para ajustar la operatividad de la UIC.

Se presume que esta figura es para incluir a organizaciones civiles como los gremios de la producción en nuestro país, que normalmente reclaman mayor dureza del Gobierno en el combate al contrabando.

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