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El Consejo de la Magistratura incluyó a la jueza Garcete Urunaga (547,13 puntos) en una terna integrada también por la fiscala Cinthia Leiva Cardozo (605,24 puntos) y la jueza Nilda Cáceres Díaz (572,56) para un cargo vacante en el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Alto Paraná.
Si bien Garcete Urunaga no es la mejor puntuada, es considerada como la favorita para ganar la puja en la terna debido a que favoreció con sobreseimientos a políticos procesados de varios sectores.
Benefactora del clan Zacarías
Garcete Urunaga es titular del juzgado penal de Garantías N° 5 de Ciudad del Este y desde su despacho benefició con varias resoluciones al clan Zacarías.
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En 2017 había desestimado dos causas contra el senador Javier Zacarías Irún (ANR) por presunta usurpación de funciones públicas que, según denuncias, fueron supuestamente cometido cuando su esposa Sandra McLeod era intendente y él fungía de asesor “ad honorem” en la Municipalidad esteña antes de ser legislador.
La magistrada en cuestión también se había opuesto a enviar al senador Zacarías Irún a prisión, pese al requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en la causa de desvío de G. 3.700 millones de los fondos municipales conocida como Frontera Producciones.
Para cerrar su actuación en la causa, Garcete Urunaga sobreseyó al senador Zacarías y a su esposa McLeod, a pesar de que la Fiscalía pretendía que el caso Frontera Producciones sea elevado a juicio oral.
Las tres causas del clan Zacarías inicialmente se tramitaban con otras juezas, pero mediante maniobras la defensa logró ubicar los expedientes en el despacho de Garcete Urunaga.
El seccionalero colorado Elías Bernal Sánchez es otro “mimado” de la jueza. Cuando fungía de secretario general de la Gobernación, durante la gestión del actual diputado Justo Zacarías (2013-2018), se salvó de someterse a una prueba de ADN en una investigación por abuso infantil gracias a la magistrada Garcete Urunaga.
Blanqueo sin distinción partidaria
La complacencia de Garcete Urunaga no distingue color partidario y también sus decisiones favorecieron a políticos liberales.
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El exdiputado Carlos Portillo (PLRA), acusado por tráfico de influencia, fue beneficiado con dos resoluciones de Garcete Urunaga. En la primera se dejó sin puntos de pericia a la Fiscalía para la inspección de los celulares y en la segunda se excluyó pruebas incriminatorias claves en el caso.
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La jueza Garcete Urunaga igualmente firmó el blanqueo de los exintendentes liberales de Hernandarias Erico Agüero y Mario Castillo (ya fallecido) en una causa por supuesto desvío de fondos jubilatorios del personal municipal.
Caso Sarita
La fiscala Leiva Cardozo tuvo una cuestionada actuación en el caso Sarita, al procesar solo por delitos menores a funcionarios de rango inferior de la Municipalidad y eximir de posible responsabilidad a la ex intendenta Sandra McLeod.
En enero de 2016, la pequeña de tres años falleció tras sufrir una descarga eléctrica en la plaza municipal Van Aaken mientras jugaba. Técnicos de la ANDE detectaron una precaria instalación eléctrica en el espacio público que, en aquella época, fue recientemente remodelado por la Municipalidad.
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La fiscala Leiva Cardozo fue denunciada por concejales, gremios de abogados y organizaciones por supuesta actuación irregular en el caso y por encubrir a McLeod.
Otra terna
El Consejo de la Magistratura también conformó otra terna para el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Alto Paraná. Está integrada por el juez Carlos Vera Ruiz (545,76 puntos), su colega Lilian Lorena Benítez Vallejo (532,82 puntos) y el fiscal Nelson Ruiz Medina (503,24 puntos).
En esta terna el fiscal Ruiz Medina es ponderado con mayor probabilidad de ser designado camarista debido a su vinculación con el vicepresidente Hugo Velázquez. Ruiz Medina fue asistente por años de la fiscala adjunta Lourdes Samaniego, esposa del segundo del Ejecutivo.
Ruiz Medina es cuestionado por el blanqueo al “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo, apuntado como supuesto testaferro del senador destituido Víctor Bogado.