El hombre explicó que el 13 de junio de 2016 la jueza Graciela Panza dispuso que lo reintegren en la empresa, previo cobro de salarios caídos que hasta ese entonces ascendían a unos G. 156 millones.
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Sin embargo, la contraparte recurrió el fallo y el expediente recorrió varios juzgados del Alto Paraná, además la carpeta fue remitida en cuatro ocasiones a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde en estos años todos los fallos dieron la razón al trabajador.
Para ejercer presión, la empresa denunció al empleado despedido por lesión de confianza, pero no se colectaron elementos en su contra en los dos juicios que afrontó, teniendo en cuenta que el primero había sido anulado por la Cámara de Apelaciones.
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Explicó que para hacerse efectivo el cobro el juez laboral de Hernandarias, Juan Adalberto Roa Irala, debe habilitar el dinero depositado en el Banco Nacional de Fomento (BNF), pero hasta la fecha no tiene retorno, pese a los urgimientos que presentó su abogado.
“Estoy tomando esta medida drástica al no tener algo positivo de la Justicia, he ganado en todas las instancias, la plata ya está en una cuenta judicial pero el juez Juan Roa tiene mi expediente y debe firmar el cúmplase para que pueda retirar parte de mis haberes que es hasta el 24 de abril del 2017″, remarcó.
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Por su parte, el juez Roa dijo que fue designado en octubre pasado para entender la causa y que ahora salió una providencia de citación al demandado. Estima que si desde la empresa no presentan alguna objeción el cobro podría concretarse antes de fin de año.