Daniel Domínguez Cristaldo (30) y su esposa Liz Mabel Salgueiro Ortiz (25) soportan cargos por homicidio doloso y hurto agravado. La pareja se encuentra recluida en la sede de la Dirección de Policía de Alto Paraná.
Los citados son los principales sospechosos por el asesinato del agente de la Policía Municipal de Tránsito Blas Antonio Martínez Aguirre.
Trasfondo pasional
Los primeros indicios colectados por los investigadores sugieren como posible trasfondo un asunto pasional con finalidad de robo, ya que la víctima fatal supuestamente mantenía un romance con la mujer imputada.
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Según los antecedentes, el funcionario municipal fue asesinado de diez puñaladas, en una casa ubicada en la fracción San Blas, del barrio San Isidro de Ciudad del Este.
El crimen aparentemente no tuvo testigos presenciales. Se presume que los autores escaparon del lugar inmediatamente después de aplicar las mortales puñaladas. Se confirmó también que robaron de la casa una moto, un televisor y un aparato celular, pertenecientes a Martínez Aguirre.
Testimonio clave
En prosecución de la investigación, la Fiscalía recogió el testimonio de Julio César Martínez, hermano del ahora fallecido.
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El testigo dijo que el 15 de abril pasado mantuvo una comunicación telefónica con su hermano, oportunidad en que la víctima le comentó que mantuvo una discusión con Liz Mabel, quien era su pareja ocasional.
El agente de tránsito igualmente le contó que la mujer salió enojada del lugar, llevó la llave de su motocicleta y rompió el candado de la casa.
El hoy fallecido le pidió en aquella ocasión a su hermano que le cuidara la casa cada vez que pudiera, ya que él debía trabajar y que no sabía cuál era la intención de la mujer.
La detención de la pareja
Con base en los datos colectados, el fiscal Alcides Giménez Zorrilla ordenó la detención preventiva de los supuestos implicados en el homicidio.
Ayer martes, alrededor de las 1:00, la pareja fue arrestada en la colonia Laterza Cue, distrito de Mariscal Francisco López, departamento de Caaguazú.
El fiscal Giménez Zorrilla solicitó al juzgado la prisión preventiva de los sospechosos, al considerar que se exponen a una alta expectativa de pena.