La solicitud de la medida cautelar se presentó este jueves ante el Juzgado Civil de Ciudad del Este, a través de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad a pedido del intendente Miguel Prieto (YoCreo). Esto es a fin de que no se alteren las ocupaciones de inmuebles en la exfinca 66, hasta que termine la mensura judicial.
El abogado Wilmer Cuevas, de la asesoría jurídica de la comuna, explicó que recurrieron a la justicia ordinaria a fin de frenar desalojos mientras dure el proceso de mensura judicial. El año pasado, la empresa GeoCad realiza una mensura técnica de toda la finca a fin de determinar la situación de la ocupación en la exfinca 66 que abarca varios populosos barrios.
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Recordó además que la ley de expropiación de este inmueble a la empresa Bananera Paraguaya no había sido inscrita en los Registros Públicos por lo que se recurrió a la mensura a fin de determinar la situación de la finca.
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“La medida cautelar es para proteger a las familias, contrarrestar las amenazas de las empresas que alegan tener la propiedad de los terrenos y la violencia que afecta principalmente a ancianos, niños, adolescentes y madres”, expresó el asesor jurídico.
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El abogado Cuevas adelantó que una vez que se finiquite la mensura se hará el trabajo minucioso para la determinación de la propiedad caso por caso, ya que la finca pasará al dominio municipal.
“Al estar las fincas mensuradas debidamente inscritas a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este, cualquier reclamo que vía de hecho o derecho se haga con respecto a estas fincas, debe tener como necesaria participante a la Municipalidad de Ciudad del Este, cosa que no se da”, refiere el escrito de solicitud de la medida cautelar.
Antecedente de la ex finca 66
La ex finca 66 tiene una dimensión de más de 750 hectáreas ocupada por más de 20.000 familias en los barrios Che La Reina, Pablo Rojas, La Blanca, Mburucuyá, Carolina y Don Bosco.
El inmueble pertenecía la empresa Bananera Paraguaya SA y fue expropiada a favor de la comuna esteña en el año 1962, a través de la ley 35/90. Sin embargo, gran parte del inmueble ya estaba ocupada o vendida a inmobiliarias, generándose un gran caos jurídico que hasta la fecha no tuvo solución.