Concejales de Alto Paraná con cuestionada gestión buscan otro mandato

La lista de concejales departamentales de Alto Paraná, con objetada actuación y que pretenden otro mandato, está integrada por colorados, liberales e independientes.

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Durante cuatro años y siete meses del período 2018-2023, los ediles solo calentaron su silla de la Junta, omitían controles a la gestión del gobernador, Roberto González Vaesken (ANR, cartista), y hasta desacreditaban los cuestionamientos a la administración departamental.

Sin embargo, ahora son nuevamente candidatos para cargos legislativos para las próximas elecciones del 30 de abril.

Se trata de los colorados Pedro Adán Ovelar, Carolina Rivas, Gustavo Soria, Luciana Porcionato, Wilberto Cabañas y Freddy Chamorro. Estos dos últimos se postulan para la Cámara de Diputados, mientras que otros aspiran a otro mandato en la Junta Departamental.

Además de los liberales Julio Landaida, Elio Castillo, José Lino Chaparro, Mabel Otazú y Aldo Florentín. Los cuatro primeros pretenden el rekutu y el último se candidata para la Cámara de Diputados.

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Si bien Otazú y Florentín fueron electos concejales por el PLRA, ahora se postulan por el equipo independiente YoCreo y conforman el sector liberal del movimiento.

Aprobaron cuestionado balance

Los once concejales que aspiran a otro mandato, aprobaron la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2022, presentado por el gobernador, González Vaesken, pese a irregularidades evidenciadas con fotografías y documentos expuestas por la edil Sandra Miranda (PPQ).

Miranda expuso casos de obras sobrefacturadas, fantasmas e incompletas por sumas millonarias; además de falsificación de documentos para cobro indebido por obras aún no realizadas.

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La edil de Patria Querida también evidenció a sus colegas obsecuentes con el gobernador de no cumplir con su tarea de contralor y reveló que el dictamen para la aprobación del balance no fue elaborado por los concejales, sino por el asesor económico.

En los anteriores ejercicios fiscales, la mayoría de la Junta Departamental también aprobó los balances sin evidenciar el trabajo de control sobre el uso del dinero público.