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El ministro de Justicia, Ángel Barchini, anunció el viernes 17 de mayo que 45 reos condenados serán trasladados en una primera fase desde la penitenciaría regional de Ciudad del Este al nuevo penal Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, que albergará a solo a internos con cumplimiento del 50% de una condena firme.
El anuncio desilusionó a los moradores del barrio Boquerón de Ciudad del Este, donde está localizada la penitenciaría regional que cuenta con alrededor de 1.600 internos, de los cuales cerca de 600 tienen condena.
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De este último grupo, los reos que registran cumplimiento de la mitad de la condena serán llevados al penal de Minga Guazú. Es decir, la mayor parte de la población penitenciaría seguirá en el centro reclusorio de Ciudad del Este.
Eduardo Morales, presidente de la comisión vecinal del barrio Boquerón, dijo que el vecindario está desilusionado debido a que la penitenciaría seguirá activa en el área residencial y comercial, pese a los reiterados reclamos de traslado completo.
Bomba de tiempo
Morales indicó que la mayor porción de la población penitenciaría no cuenta con condena y que los funcionarios penitenciarios solo controlan el perímetro del penal de Ciudad del Este, mientras que el interior del centro reclusorio es manejado por las facciones criminales.
Según el dirigente vecinal, la penitenciaría de Ciudad del Este es una bomba de tiempo y en cualquier momento puede desatarse una fuga masiva con desenlace trágico que podría afectar a los vecinos, al igual que a alumnos y docentes de escuelas y universidades del barrio.
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Morales comentó que los vecinos afectados están organizando una serie de manifestaciones para insistir con la mudanza completa del penal instalado en el barrio.
Desagüe cloacal
La Penitenciaría Regional de Ciudad del Este cada tanto convierte las calles del barrio Boquerón en canal de desagüe cloacal y las aguas servidas que desemboca en el Lago de la República el espacio recreativo más concurrido de la urbe.
Morales dijo que si cualquier vecino cometiera una infracción ambiental similar enseguida sería intervenido por la Municipalidad y la Fiscalía del Medio Ambiente, pero que a la penitenciaría se le tolera.
Tras la queja de los vecinos, desde la dirección de la penitenciaría se informó la compra de un motor para controlar la red de aguas servidas.