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Imputan y solicitan prisión preventiva para autor confeso del asesinato de su compañero de trabajo

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Cristian Javier Meza Peralta
Cristian Javier Meza Peralta, imputado.

ÑACUNDAY. La agente fiscal María del Carmen Meza, de la Unidad Penal de Iruña, presentó imputación contra Cristian Javier Meza Peralta (40), acusado de asesinar de siete disparos a su compañero de trabajo. El crimen ocurrió el sábado a las 18:00, en una granja ubicada en el barrio Imperial de la colonia Toro Kua, distrito de Ñacunday, al sur del departamento de Alto Paraná.

Según el acta de imputación, Meza Peralta y la víctima, identificada como Eusebio Villanueva Segovia, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando iniciaron una discusión que derivó en una pelea cuerpo a cuerpo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, durante el forcejeo, el ahora imputado habría tomado un rifle calibre 22 mm que estaba en el lugar y efectuó ocho disparos contra Villanueva Segovia. Siete de los proyectiles impactaron en la víctima, causándole heridas en la mandíbula, tórax y abdomen, además de un refilón en la cabeza, en la región temporal derecha.

El médico forense que intervino en el caso diagnosticó que la causa de muerte fue un “shock hipovolémico”.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio y encontraron a Meza Peralta, quien reconoció haber disparado contra su compañero y entregó voluntariamente el arma utilizada. El mismo alegó que fue atacado en su pieza y que supuestamente actuó en defensa propia y que durante la gresca también sufrió una herida cortante en la cabeza.

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La fiscal Meza explicó que la imputación se sustenta en diversos elementos de sospecha reunidos durante las primeras diligencias. Además, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva para el acusado, alegando la gravedad del hecho, el riesgo de fuga o de obstrucción a la investigación, y la alta expectativa de pena.

La representante del Ministerio Público también requirió un plazo de seis meses para la investigación, conforme al artículo 324 del Código Procesal Penal, a fin de reunir todos los elementos de prueba necesarios para la eventual acusación formal.

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