La denuncia presentada en la mañana de este lunes en la Fiscalía de Ciudad del Este por Celso “Kelembu” Miranda señala presuntos hechos de tráfico de influencias, nepotismo, administración en provecho propio y cobro indebido de honorarios. Señala a Mirna Margarita Wolf de Torres, esposa del gobernador, César “Landy” Torres.
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Mirna Wolf de Torres figura como asistente fiscal de la Unidad Penal de Santa Rita, con un salario mensual de G. 7.025.477. Sin embargo, Miranda menciona que Wolf fue trasladada temporalmente a la Gobernación del Alto Paraná, donde se desempeña como primera dama departamental.
El denunciante argumenta que el traslado temporal de Mirna Wolf de Torres a la Gobernación sería irregular, ya que la funcionaria sigue cobrando su salario como asistente fiscal sin supuestamente cumplir funciones específicas en dicha institución, que está a cargo de su cónyuge.
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“Buscamos resoluciones o documentos que justifiquen su traslado en el Ministerio Público, la Gobernación, la Función Pública e incluso en el Poder Judicial, pero no encontramos absolutamente nada. La señora sigue percibiendo su salario como asistente fiscal sin ejercer ninguna función concreta en esa área. Es decir, se le estaría pagando con dinero del Estado por un trabajo que no realiza”, expresó Miranda en su denuncia.
Finalmente, Miranda solicita la apertura de una investigación para determinar si existieron otros involucrados y para que devuelva los haberes percibidos.
En 2023, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, revocó más de 150 comisionamientos y traslados temporales distribuidos en unas 60 instituciones públicas. Sin embargo, el caso de Mirna Wolf de Torres fue una excepción: se le concedió un traslado temporal a la Gobernación del Alto Paraná, donde su jefe inmediato es nada menos que su propio esposo, el gobernador cartista César “Landy” Torres.
Tiene autorización del fiscal general, afirma Torres
Ante la denuncia presentada por el exedil Celso Miranda, el gobernador César Torres aseguró que el comisionamiento de su esposa a la Gobernación se realizó conforme a derecho y con la autorización del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
“No se trata de nepotismo, ya que no fue contratada por la Gobernación. Ella es funcionaria de carrera del Ministerio Público desde hace 19 años. Yo le solicité su comisionamiento al fiscal general, quien tiene la potestad de aprobar o rechazar dicho pedido”, explicó.
El gobernador dijo que su esposa no percibe remuneración de la Gobernación y que continúa recibiendo su salario base del Ministerio Público, que asciende a G. 5 millones, ya que actualmente no cobra los beneficios.
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Con respecto a sus funciones, dijo que apoya los trabajos de la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Niñez y la Secretaría de Acción Social. Señaló que debe rendir cuentas mensualmente ante Recursos Humanos del Ministerio Público mediante una planilla que detalla sus actividades.