La fiscal Antisecuestro y Antiterrorismo, Zunilda Ocampos Marín, formuló acusación formal contra cinco agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y una abogada por los hechos punibles de privación de libertad y extorsión agravada. Los uniformados fueron acusados como autores y la profesional del foro como cómplice.
Los agentes policiales acusados son: oficial Derlis Ariel Chávez Giménez (33), suboficial Silvio Javier Rojas Vera (42), suboficial mayor Celiano Antonio Zayas Benítez (43), suboficial mayor Ángel Gabriel Resquín Vera (41) y suboficial Denis Evaristo Miltos Rojas (28). También, la abogada Blanca Gauto Fernández (39).
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Según los antecedentes, los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2025, alrededor de las 12:40, sobre la avenida Monday de ciudad Presidente Franco. En ese momento, las víctimas, dos hombres y la hija adolescente de uno de ellos, se encontraban a bordo de una camioneta particular cuando fueron interceptadas por los cinco agentes, a cara descubierta y portando armas de fuego, quienes se identificaron como miembros del Departamento de Investigaciones de la Policía.
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Uno de los afectados fue obligado a descender de su vehículo y alzado por la fuerza a la camioneta policial. Mientras tanto, otros dos agentes subieron al rodado de las víctimas y les despojaron de sus teléfonos celulares.
Posteriormente, los sospechosos trasladaron a todos los afectados hasta la sede del Departamento de Investigaciones, donde permanecieron privados de libertad en un quincho con blíndex durante aproximadamente cuatro horas.
Cobraron millonaria suma a las víctimas
De acuerdo con la denuncia, durante el trayecto y en la sede policial, los agentes exigieron a una de las víctimas el pago de 50.000 dólares a cambio de su liberación, amenazando con allanamientos a sus propiedades y a las de sus familiares, bajo el argumento de que se encontraba involucrado en supuestas investigaciones por crimen organizado y lavado de dinero. Los encausados exhibieron fotografías de los inmuebles de las víctimas y advirtieron que personas externas visitarían a sus familiares si no se cumplía con la exigencia.
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En ese contexto, se permitió la comunicación con una abogada, quien se hizo presente en el lugar. La profesional conversó con uno de los agentes sin la presencia de las víctimas y posteriormente indicó que debía abonarse la suma exigida. Finalmente, se acordó el pago inicial de 30.000 dólares y el saldo restante de 20.000 dólares en un plazo de un mes.
Con la asistencia de la profesional, el dinero fue extraído de diferentes entidades bancarias y entregado a uno de los agentes.
Tras la entrega del monto inicial, las víctimas fueron liberadas aproximadamente a las 16:40 frente al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, con la advertencia de cumplir con el pago restante en los términos acordados. Sin embargo, tras la denuncia, la fiscal Ocampos ordenó la detención de los supuestos involucrados y posteriormente presentó la imputación contra todos ellos.
El Ministerio Público sustenta la acusación con elementos de convicción de carácter documental, testimonial y pericial. Entre ellos figuran el acta de denuncia, informes policiales, notas del Departamento de Antisecuestro, registros bancarios, videos de circuito cerrado, legajos laborales de los agentes, declaraciones de las víctimas y testigos, reconocimiento de personas y análisis técnico de comunicaciones entre los imputados.
Basándose en los elementos reunidos, la fiscal Zunilda Ocampos solicitó al Juzgado Penal de Garantías la elevación de la causa a juicio oral y público, así como el mantenimiento de las medidas cautelares vigentes, considerando la gravedad de los hechos y la alta expectativa de pena privativa de libertad. El requerimiento conclusivo se presentó ante el Juzgado de Garantías de Presidente Franco, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde.