La investigación del bullying está a cargo de la fiscal Vivian Coronel, quien presentó la imputación contra una docente de 43 años por la supuesta comisión del hecho punible de violación del deber de cuidado o educación.
La imputada habría ignorado protocolos del Ministerio de Educación destinados a impedir que un alumno sufriera acoso escolar y violencia psicológica durante 2023, lo que derivó en que el niño se quitara la vida en 2024 tras un deterioro progresivo de su salud mental.
Según la investigación, la maestra, en su carácter de asesora de curso, habría tenido conocimiento directo de situaciones de acoso escolar y violencia psíquica sufridas por el menor en un establecimiento educativo de Presidente Franco. En aquel entonces, la víctima tenía 12 años y la docente habría omitido activar los procesos de detección y comunicación de situaciones de violencia.
Como consecuencia de la falta de intervención oportuna por parte de la educadora, el menor habría experimentado un deterioro psíquico que culminó en su decisión de quitarse la vida en fecha 3 de julio de 2024.
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“Esta conducta omisiva se constituye en una violación grave de su responsabilidad de cuidado como garante de la integridad de su alumno”, conforme a la imputación.
El requerimiento fiscal sostiene que la imputada debía brindar apoyo educativo y personalizado en relación a situaciones particulares de los procesos personales y sociales de sus estudiantes.
Entre los elementos de sospecha se citan el acta de entrevista del denunciante, informes del centro educacional y el resultado de una autopsia psicológica que indica la relación entre el acoso y el riesgo de suicidio. La psicóloga forense determinó que los niños acosados experimentan problemas físicos y de salud mental que pueden prolongarse hasta la edad adulta. Estos indicios sustentan razonablemente la participación de la encausada en el hecho punible investigado.
Finalmente, el Ministerio Público requirió la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, solicitando medidas cautelares menos gravosas bajo estrictas reglas de conducta.
El requerimiento fiscal exige la fijación de domicilio, la comparecencia periódica ante el juzgado y la prohibición de salir del país. Asimismo, se solicitó la prohibición de comunicarse o acercarse a los familiares del menor por cualquier medio.
La representación pública solicitó un plazo de cuatro meses para presentar el requerimiento conclusivo.